Sindicatos piden concretar las sanciones a los contratos temporales indebidos

Los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han pedido hoy que se concreten el endurecimiento de las sanciones a los contratos temporales indebidos y han recalcado que se debe centrar el debate en especificar en qué consisten estas penalizaciones para que "no se conviertan en humo".

Así lo ha asegurado Álvarez al ser preguntado por los periodistas tras finalizar un desayuno informativo de Fórum Europa con los secretarios generales de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, y de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció ayer el endurecimiento del régimen sancionador para las empresas que celebren contratos temporales sin causa, de manera que se impongan tantas multas como contratos temporales indebidos haya realizado la compañía.

Álvarez ha pedido que el Gobierno lleve esta propuesta a la mesa de la Calidad del Empleo o especifique "qué sanción propone" porque, en el caso de que no se tome medidas, este anuncio será "humo y evitará avanzar en medidas concretas".

Ha insinuado que se puede dar el caso de que a las empresas "le salga mejor pagar la sanción que cumplir la ley", por lo que es "época de hacer propuestas y concretar".

Por su parte, Sordo ha asegurado que son "bienvenidas" todas las medidas que contribuyan a acabar con la "contratación temporal abusiva" y en fraude de ley, pero ha recordado que medidas como la supresión de los salarios de tramitación han favorecido este uso al abaratar el coste de incumplir la norma.

El secretario general de Comisiones Obreras ha abogado asimismo por sustituir las dinámicas de contratos precarios y despido libre en las empresas por medidas de flexibilización que permitan que en caso de problemas el despido sea "la última opción".

Ambos líderes sindicales han reiterado sus críticas a las declaraciones hechas el miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que espetó que no había que meterse en eso al ser preguntado sobre una ley para atajar la brecha salarial y han asegurado que "la obligación desde la acción publica es intervenir" para que desaparezcan la desigualdad entre hombres y mujeres.