Salud afirma que realiza seguimiento exhaustivo de intoxicados por mercurio

El Gobierno regional ha asegurado hoy que está realizando un seguimiento "exhaustivo" de los trabajadores afectados por la intoxicación de mercurio que sufrieron 49 trabajadores tras el accidente ocurrido en 2012 en la factoría de Asturiana de Zinc (AZSA) en San Juan de Nieva (Castrillón).

Según han señalado el director general de Salud Pública, Antonio Molejón, y el gerente del Servicio de Salud (Sespa), José Ramón Riera, la extrema gravedad del accidente que cambió "para siempre" la vida de los afectados hizo que desde la administración autonómica se esté dispuesto "a hacer lo que haya que hacer" a la hora de garantizar la atención sanitaria a los intoxicados.

Durante una comparecencia en la Junta General a petición de Podemos, los responsables sanitarios han asegurado no tener constancia de que esté habiendo problemas en la atención a este colectivo a partir del dispositivo especial habilitado en el nuevo HUCA y han recordado que la atención que han recibido ha generado múltiples derivaciones y pruebas diagnósticas a los afectados.

Aún así, han admitido que la falta de experiencia científica para abordar situaciones de este tipo con mercurio hace imposible saber qué va a ocurrir en el futuro con estos trabajadores y han recordado que en el caso de los afectados por el aceite de colza estuvieron sufriendo efectos secundarios hasta muchos años después.

En este sentido, han incidido en que en cualquier caso no es el Sespa el organismo encargado de catalogar sus patologías como enfermedad profesional y en que su situación médica es muy variada entre el colectivo de 49 trabajadores afectados para cuya atención se suscribió un convenio con la mutua Fremap que expiró en 2014.

Para el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, el Sespa asumió "una responsabilidad compartida" con la mutua al suscribir dicho convenio y, si no puede hacer frente a sus obligaciones, el Principado se convertirá "en el pagafantas de la empresa".

A su juicio, y tras preguntar por supuestas presiones por parte de la empresa o de Fremap negadas por los responsables del Sespa, los trabajadores son objeto de una "desatención deliberada" dado que no se aplica un criterio homogéneo de seguimiento que vincule su situación médica al hecho de que sufrieron la intoxicación.

Por su parte, el PP ha emplazado al Gobierno a definir el ámbito de actuación que corresponde a la mutua y al Sespa dado la administración "desconoce" si la primera está cumpliendo con su responsabilidad mientras que Ciudadanos ha advertido de que el drama de esas personas "no puede quedar tapado por el burocratismo".

Desde IU se ha recordado se ha recordado que la Junta aprobó una iniciativa que pedía un informe definitivo del Instituto de Prevención de Riesgos y de la Consejería sobre estos hechos que atendiese a las investigaciones universitarias realizadas y pedía retomar el convenio con la mutua y buscar la colaboración de otras instituciones para la rehabilitación de los trabajadores.

En su réplica a los grupos de oposición, la socialista Carmen Eva Pérez ha lamentado que se haga "demagogia" al intentar aplicar a los afectados "un bálsamo que nos les va a curar de sus dolencias derivando responsabilidades a organismos que no la tienen".

El pasado mes de abril los dos acusados por el accidente aceptaron penas de nueve meses de prisión por delitos contra la salud de los trabajadores y lesiones con la atenuante muy cualificada de reparación del daño a los 49 afectados, algunos de los cuales han asistido hoy a la comparecencia parlamentaria.

Los acusados asumieron su responsabilidad y aceptaron la pena solicitada por el ministerio público, a sustituir por una multa, tras abonar indemnizaciones por valor de dos millones y medio de euros a los empleados afectados, además de otros pagos realizados por diferentes conceptos, como reconocimientos médicos.

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