Patronal y sindicatos critican a Junta por facilitar gasolineras desatendidas
La patronal y los sindicatos UGT y CCOO han criticado hoy a la Junta de Castilla y León por no[…]
La patronal y los sindicatos UGT y CCOO han criticado hoy a la Junta de Castilla y León por no oponerse a la directiva europea que permite la instalación de gasolineras desatendidas, debido a que su proliferación supondrá pérdida de empleo y de calidad en el servicio.
El portavoz de la Agrupación de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustibles de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, el secretario autonómico del sector energético y estaciones de servicio de UGT, José Manuel Montero, y el dirigente de la Federación Regional de Industria de CCCO, José Ignacio Blanca, han lamentado en una rueda de prensa que la Junta haya dejado pasar el plazo para presentar un informe "empírico" que justificara la oposición a las estaciones de servicio desatendidas.
El secretario de la UGT ha asegurado que, al menos, existen razones de seguridad y de atención a los discapacitados para justificar la oposición, además de un descenso del empleo al requerir de menor personal.
Tanto los representantes sindicales como el de la patronal Avecal han rechazado que la Junta no haya presentado este "informe empírico" pedido por la UE con el argumento de que no se habían atendido peticiones similares procedentes de Italia y Grecia.
Según los datos de Avecal, en Castilla y León ya funcionan 150 gasolineras desatendidas, a las que Pizarro ha preferido denominar "chiringuitos", mientras que las estaciones de servicios son 770 y dan trabajo a unas 3.000 personas.
El representante de CCOO ha asegurado que estas gasolineras desatendidas supondrán una pérdida de empleo en el sector y obviarán la prestación de cualquier servicio al consumidor, al ser éste el que se sirva el combustible de una máquina expendedora y sin posibilidad pedir ayuda en la atención.
Cómo ha hecho ver el secretario de la UGT, este sistema es especialmente perjudicial para los discapacitados, por lo que ha pedido una investigación del Parlamento europeo después de la queja presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Rafael Pizarro ha rechazado que las gasolineras desatendidas abaraten el combustible y ha advertido que su funcionamiento deriva en perjuicios a los consumidores pues carecen de hojas de reclamaciones.
También ha incidido en el peligro que supone el manejo de una sustancia inflamable por personas que no están formadas para ello, al contrario que los trabajadores que reciben la formación adecuada y están capacitados para atajar las posibles incidencias.
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