Los trabajadores no subrogados por Ayuntamiento Mérida acudirán a tribunales

Los 23 trabajadores del Grupo Abeto no subrogados por el Ayuntamiento de Mérida al asumir la gestión directa del servicio de limpieza de edificios públicos, acudirán a los tribunales para hacer valer sus derechos y se muestran convencidos de que "se les dará la razón".

Así lo ha asegurado en un comunicado de prensa el despacho de abogados OpenLaw, con sede principal en Badajoz, que ejercerá su defensa.

Los trabajadores han aprovechado la celebración mañana del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para reivindicar su "derecho laboral a que se les garanticen los puestos de trabajo que durante años han desempeñado a plena satisfacción de la ciudad y sus autoridades".

Han defendido que la remunicipalización del servicio, que en teoría tiene un objetivo social, "no tendría por qué haberse efectuado dejándolos de repente en la calle", "sin su puesto de trabajo y sus ingresos", por mucho que "a partir de ahora se efectúen contrataciones con base a una bolsa de empleo".

En su opinión, las necesidades de la limpieza de edificios públicos de Mérida, en su mayoría colegios, "necesitan, de entrada, tanto a los que sí han sido subrogados como a los que no, y además habría sitio para ir planteando nuevas contrataciones".

Han insistido en que la pérdida de sus trabajos implica "en algunos casos un drama para la situación de muchas de las familias afectadas", pues en algunos casos los ingresos que ahora se han visto interrumpidos eran "los únicos que entraban en los hogares, con menores al cargo".

"En otros casos se trataba de un dinero que permitía mantener con dificultades, pero con garantías de estabilidad, el siempre difícil equilibrio de la economía familiar", han manifestado.

Muchos de estos trabajadores -en su mayoría mujeres que compatibilizan sus trabajos con sus tareas de casa- se habían convertido en parte de los centros en los que ejercían su labor, principalmente colegios, para los que es "beneficioso" que "sean las mismas personas a lo largo del tiempo las que desempeñen las tareas, incluidas las de limpieza".

"Personas que año tras año se habían ganado la confianza del personal educativo y también de padres y madres de alumnos, gracias a su buen hacer profesional y a su implicación en la vida del centro", han apostillado a través del despacho de abogados.

Por ello, entienden que Mérida "ha perdido un activo social de primer orden", que era la labor que estos 23 trabajadores y trabajadoras desarrollaban "con profesionalidad y con una experiencia acumulada durante años", que la ciudad "no se puede permitir el lujo de desperdiciar".

"Si estos 23 trabajadores y trabajadoras han prestado hasta la fecha un servicio irreprochable a la ciudad de Mérida, como así ha sido, no pueden caer en desgracia por una decisión política", han aseverado desde el despacho de abogados, en nombre de los trabajadores afectados, quienes han hecho un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía de Mérida.

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