Los ferroviarios franceses elevan la presión contra Gobierno pese al diálogo

Los sindicatos de ferroviarios de Francia anunciaron hoy nuevas medidas de presión contra el Gobierno, ante su proyecto de reforma de la empresa pública de trenes SNCF, pese a la oferta de diálogo lanzada por el primer ministro, Edouard Philippe.

Tras una reunión conjunta, los representantes de los sindicatos anunciaron una jornada nacional de manifestaciones el próximo 3 de mayo, en coincidencia con el undécimo día de paros convocados dentro de los 36 que comenzaron a comienzos de mes y que terminarán a finales de junio.

El objetivo de esas manifestaciones, tanto en París como en otras ciudades del país, será "incrementar la presión al Gobierno", explicó Laurent Brun, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) en SNCF, durante una comparecencia con los otros responsables de centrales sindicales.

Pretenden así hacer una demostración de fuerza de cara a la reunión convocada por Philippe para el próximo 7 de mayo con el objetivo de que abra una "negociación seria".

En caso contrario, amenazaron con secundar una jornada "sin trabajadores ferroviarios" el 14 de mayo. Brun lo justificó porque "si el Gobierno no escucha la movilización, es que hay que aumentar el tono".

Los sindicatos se negaron a acudir hoy a una reunión de concertación con la ministra de Transportes, Elisabeth Borne, a la que acusan de no ofrecer ningún margen de negociación.

En tono desafiante, el responsable de la CGT dijo que no imagina "que el primer ministro convoque para decir que nada va a cambiar" ni que "retome las riendas (de la negociación) para echar más leña al fuego".

Hasta ayer, martes, se han sucedido, de forma intermitente, diez jornadas de paro de ferrocarriles desde comienzos de mes.

El motivo de la protesta es la reforma del sistema ferroviario del Ejecutivo que pretende, sobre todo, poner fin para los nuevos contratados al estatuto laboral del que se benefician los trabajadores de la SNCF.

También establece un nuevo marco para la apertura a la competencia de los servicios de trenes y sienta las bases para que el Estado francés asuma como propia buena parte de la deuda de la empresa, que se acerca a los 50.000 millones de euros.