Llevan a la UE una demanda por discriminación de género en una prejubilación

El Colectivo Ronda ha presentado una demanda en representación de una trabajadora que no puede acreditar los 33 años de cotización para acceder anticipadamente a la jubilación y pide que la UE se pronuncie sobre una posible discriminación por razones de género en el acceso a las pensiones.

La demanda interpuesta, la primera por discriminación de género en el acceso anticipado a la jubilación, solicita que se traslade una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) al considerar que la normativa española establece una "discriminación" por razón de género.

La demanda expone la dificultad que sufren las mujeres con respecto a los hombres para acumular los años cotizados exigidos debido a una mayor incidencia de la temporalidad, el trabajo a tiempo parcial, ya que el 80 % de los contratos a tiempo parcial corresponden a mujeres, o el hecho de que son muchas las mujeres que dejan el trabajo para afrontar las cargas familiares o domésticas.

La demanda se ha interpuesto en un juzgado social en representación de una trabajadora a quien el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) niega el acceso anticipado a la jubilación al considerar que no tiene acreditados los 33 años de cotización establecidos, como mínimo, según la actual ley en vigor.

La demanda expone el derecho de la trabajadora a acogerse al contenido de la normativa anterior, que reducía a 30 los años cotizados necesarios para acceder a la pensión.

También expone que la actual ley establece que se seguirán rigiendo por la anterior ley las personas que cumplan con los requisitos de los 30 años cotizados y que vieran extinguidos sus puestos de trabajo antes de enero de 2019, como consecuencia de expedientes colectivos o procedimientos concursales iniciados con anterioridad a 1 de abril de 2013.

En el caso de la demanda, la trabajadora fue despedida el año 2015, pero argumenta el derecho a beneficiarse de la normativa anterior por el hecho de que antes de la extinción la empresa había aplicado diversos expedientes de regulación de empleo entre los años 2011 y 2014.

Al margen de la discrepancia de criterio entre el INSS y la trabajadora respecto a la normativa, la demanda incorpora la petición expresa de que la discriminación que afecta a las mujeres trabajadoras de España se eleve mediante la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

De esta manera, se pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que evalúe si el conjunto de la Ley General de la Seguridad Social respeta el principio de no discriminación e igualdad de trato entre hombres y mujeres cuando establece la exigencia de idénticos periodos de cotización, pese a que "la realidad social y laboral de España impone a las trabajadoras enormes dificultades para su cumplimiento".

Según el abogado del Colectivo Ronda y responsable de la demanda Miguel Arenas, la "discriminación" en el acceso a la jubilación es "una vertiente más de la situación de discriminación generalizada que afecta a la mujer en nuestro país".

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