Las patronales hacen frente común con Torra contra decreto traslado empresas

El presidente catalán, Quim Torra, y las patronales han coincidido hoy en la necesidad de dejar sin efecto el decreto del anterior Gobierno que ha facilitado el traslado de miles de sedes de empresas fuera de Cataluña, aunque no han mostrado la misma sintonía en cuanto a los políticos presos.

Torra se ha entrevistado hoy por primera vez en el Palau de la Generalitat tanto con los representantes de las patronales catalanas (Foment del Treball, Pimec y Fepime) como con los líderes de los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT).

En su encuentro con Josep González (presidente de Pimec), Ramon Adell (vicepresidente de Foment) y Helena de Felipe (presidenta de Fepime), Torra ha tratado sobre las consecuencias del decreto ley que ha favorecido el traslado fuera de Cataluña de las sedes sociales y fiscales de unas 4.000 empresas.

Tras la reunión, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado que el Govern está estudiando medidas jurídicas contra el decreto acordado después del referéndum del 1 de octubre, que permite trasladar la sede con una decisión de la junta de accionistas y sin pasar por el consejo de administración.

Artadi ha detallado que los servicios jurídicos están estudiando posibles medidas legales -que no ha concretado- para determinar si se han "violado los derechos de los accionistas", ya que fueron excluidos de la decisión de cambio de sede.

Las patronales, a su vez, se han mostrado favorables a la derogación del decreto, que ven como un "gesto político" que mejoraría las relaciones entre los ejecutivos catalán y español y apuntaría hacia una normalización de las mismas.

"Sería importante que se produjeran gestos por parte de los dos lados para buscar la estabilidad y crear un clima de confianza y de seguridad jurídica, lo que ayudará a la inversión" ha dicho Adell.

Las patronales han admitido, sin embargo, que la derogación del decreto tendría valor solo como gesto ya que las empresas que han querido trasladar sus sedes ya lo han hecho y el cambio normativo no cambiará este hecho ni será un incentivo para que vuelvan.

La sintonía que han mostrado las patronales con Torra en este asunto no se ha extendido a otros ámbitos como la reclamación del Govern de la libertad de los políticos y líderes independentistas que se encuentran en prisión.

Así, Artadi ha admitido que, a la hora de hacer posicionamientos públicos, la patronal está menos "homogeneizada" que los sindicatos, por lo que ha añadido: "Sí que nos gustaría un cambio en la defensa de los derechos de Cataluña" por parte de ésta.

Con los sindicatos ha habido mayor sintonía en este asunto, ya que, según Artadi, han colaborado en mesas a favor del derecho a decidir en anteriores legislaturas y tienen previsto seguir en esta línea, pues últimamente han participado en la ronda de contactos del presidente del Parlament, Roger Torrent, para consensuar acciones en defensa de los "derechos civiles".

Durante su reunión, Torra se ha comprometido a convocar la mesa de diálogo social permanente, integrada por los agentes sociales y el Govern y que no se reúne desde 2015, con el objeto de reactivar el debate y la concertación en Cataluña en la nueva etapa política.

Javier Pacheco (CCOO) y Camil Ros (UGT) han explicado en declaraciones a los periodistas que Torra ha saludado de manera positiva su propuesta para volver a convocar esta mesa, que se constituyó en 2014 y que no se reunió ni una sola vez durante la etapa de Carles Puigdemont en el Govern.

"El diálogo se debe extender a todos los ámbitos y debe dominar la práctica de la política. Deben tejerse consensos entre los catalanes y las catalanas y entre las organizaciones sociales, y también debe ser un elemento fundamental para resolver los conflictos políticos", ha dicho Pacheco.

Por su parte, Ros ha afirmado que "es importante enviar a la sociedad el mensaje de que con el diálogo se pueden solucionar cosas", reflexión que sirve también a la hora de abordar las relaciones entre el Govern y el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los líderes de CCOO y UGT han acudido a Palau con una lista de peticiones, en la que destacaba también la necesidad de realizar cambios en las dotaciones presupuestarias de 2018 para asumir actuaciones que creen urgentes como la restitución de las pagas extras pendientes de los funcionarios o el despliegue de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Así, los sindicatos han emplazado a Torra a no esperar al presupuesto de 2019 para sacar adelante estas iniciativas.EFE

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