LAB y ELA vinculan la muerte de Rey a "política penitenciaria inhumana"

Los sindicatos LAB y ELA han lamentado la muerte ayer por probable suicidio del preso de ETA pamplonés Xabier Rey en una cárcel de Cádiz, un suceso que vinculan a la política penitenciaria "inhumana" que aplica el Gobierno español y que ambos abogan por cambiar.

Así, en una nota, LAB, sindicato del que era delegado Rey cuando fue detenido en 2008, recuerda que el joven conoció desde entonces "la cara más cruel de la política carcelaria, dispersión, alejamiento y aislamiento extremo", señalan tras recordar que ha muerto en una cárcel a mil kilómetros de su ciudad, tras pasar por otras cárceles también lejanas.

"Por lo tanto, detrás de esta muerte se encuentra la política de excepción, la política penitenciaria actualmente en vigor", una legislación contra la que el sindicato aboga por "acabar" porque responde "a una lógica de confrontación" y "la sociedad vasca ansía la paz y la resolución desde hace mucho tiempo".

"Hay que desactivar las políticas que generan nuevas víctimas y sufrimientos", indican en una nota, en la que consideran "urgente acabar con las medidas de excepción que sufren las y los presos vascos, acabar con las situaciones de aislamiento, eliminar el primer grado generalizado y acercarlos y acercarlas a Euskal Herria, en el seno de un proceso que sitúe a todas las presas y presos en el camino a casa".

Por su parte, desde el sindicato ELA han mostrado su "consternación y amargura" por la muerte del preso navarro, que definen como "inseparable de la política penitenciaria inhumana que sigue aplicando el Gobierno español y que se traduce en alejamiento del entorno familiar y la aplicación injusta del primer grado penitenciario".

Recuerdan que a Xabier Rey no se le atribuyó ningún atentado y que llevaba ya diez años preso, siempre en régimen de primer grado, "régimen excepcional que se aplica hoy al 92 % de los presos" de ETA, cuando "en la práctica totalidad de los casos no concurren ni las causas objetivas, ni la necesidad, ni los motivos que por ley lo justifican".

Recuerdan que el primer grado supone "graves restricciones en la vida ordinaria" del preso y además "impide recorrer la legalidad penitenciaria y comenzar, a partir de ahí, a disfrutar de medidas que ayudan a mitigar el sufrimiento por la estancia en prisión".

Por ello, ELA cree que el primer grado es hoy "un auténtico secuestro de Estado y expresión de una política penitenciaria animada por la venganza y contraria a los derechos humanos", por lo que exige al Gobierno español que "cumpla la ley, poniendo fin a la política de dispersión y posibilitando la progresión de grado", para que se pueda acceder a un tratamiento individualizado y a los beneficios penitenciarios.

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