Heredar es más barato... por ahora

El nuevo año también ha traído cambios en algunos impuestos que, en el caso de tener que pagarlos, suponen un[…]

El nuevo año también ha traído cambios en algunos impuestos que, en el caso de tener que pagarlos, suponen un buen pellizco para las arcas públicas y una sangría para los bolsillos de las familias. Cataluña, por fin, ha modificado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (sí, ese que puede gravar hasta en un 34% el valor de unos bienes recibidos por una herencia). Aunque también ha habido cambios en otras regiones, el caso catalán es especialmente sensible porque son casi siete millones de habitantes los que pueden beneficiarse.

En Cataluña estarán exentos del pago de este tributo las herencias a familiares próximos cuyo importe sea inferior a 275.000 euros, frente a los 18.000 euros, como hasta ahora. Un importante cambio que viene acompañado de otras reducciones que, eso sí, se irán aplicando progresivamente hasta el 1 de julio de 2011. Aun así, un catalán seguirá pagando hasta 77 veces más que un madrileño por este tributo. En Navarra también se ha reducido el impuesto, para dejarlo exento a las donaciones de negocios familiares; en Aragón, se sustituye la reducción estatal para las donaciones de negocios por una reducción en la base imponible del 97% del valor de adquisición; en Baleares, se han incorporado nuevas reducciones que mejoran las establecidas en la legislación estatal... Además, las regiones pioneras en esta política de reducción fiscal, como Madrid, Valencia o La Rioja, mantienen sus beneficios fiscales intactos.

Pero -y aquí llega lo verdaderamente importante-, Cantabria ha iniciado una nueva política fiscal que puede ser el preludio de un cambio estatal. La comunidad cántabra ha reducido la cuantía de la base imponible para poder beneficiarse de las diferentes deducciones que venía aplicando hasta ahora. La necesidad de incrementar los ingresos públicos puede acabar con esta senda de reducción en el impuesto más injustamente aplicado entre los españoles. La Ley de Economía Sostenible tendrá la última palabra.

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