Expertos en contratación pública valoran el carácter social de la nueva Ley

Las Cortes de Castilla y León han albergado hoy una jornada para analizar las herramientas de la nueva Ley de Contratos, en vigor desde el 9 de marzo, donde expertos en empleos públicos han destacado el carácter social de la nueva norma en contra de los "criterios economicistas" que guiaban la anterior.

Así se ha expresado momentos antes de participar en la jornada el catedrático en Derecho Administrativo y uno de los mayores expertos en contratación pública en España, José María Gimeno Feliu, quien ha explicado a los medios de información que la nueva Ley no se guiará por el "precio" de las licitaciones, sino por su "valor".

Unos criterios "sociales" que deben ser el pilar de las nuevas contrataciones en el sector público, que debe "asumir el liderazgo" de este cambio de percepción, "instaurado en la crisis económica", y que llevaba a la Administración a decantarse por las "licitaciones más económicas" en detrimento de las empresas más comprometidas socialmente.

También en la jornada celebrada en el Parlamento autonómico ha estado presente el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, quien ha enfatizado en que la nueva Ley refleja un "cambio de tendencia" en materia de contratación pública, enfocada a un empleo "más estratégico".

Del mismo modo, la anfitriona de esta jornada, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, también ha participado en el acto de inauguración de esta jornada, que ha pretendido realizar un "análisis reflexivo" de los cambios que plantea este nueva Ley estatal y que contiene "puntos muy relevantes" y de "progreso" para la sociedad.

Entre todos ellos, la presidenta de la Cámara autonómica ha destacado la exigencia que tendrán las empresas de más de cincuenta trabajadores que liciten con la Administración Pública de contar con, al menos, un dos por ciento de empleados con algún tipo de discapacidad.

Del mismo modo, Clemente ha incidido en que estos nuevos contratos buscarán fomentar la importante figura de las pymes en España y en Castilla y León, donde se tendrá en cuenta la "vocación social" o el "trato que dan a sus empleados".

Y es que de la contratación pública depende el 20 por ciento del PIB de España, ha subrayado la presidenta, quien ha reconocido que en leyes anteriores, enmarcadas dentro de la crisis económica, no se tenía en cuenta aspectos "fundamentales" como si las empresas que trabajaban para lo público "respetaban los convenios sectoriales", algo que esta nueva Ley, sin embargo, sí contempla, ha sentenciado.

A la jornada celebrada hoy en las Cortes han acudido más de doscientos profesionales de diversos colectivos, como profesionales de la contratación pública, sindicatos o universidades en un acto que ha contado con cuatro ponencias de expertos y una mesa redonda.

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