España, amenazada por el recorte de más de un millar de empleos en Airbus

La Junta de Andalucía pide al Gobierno que «se implique» dado que las factorías afectadas por la reducción de pedidos serían Sevilla y Madrid

Los sindicatos con representación en Airbus España temen que parte del más de millar de empleos que quiere recortar el grupo aeronáutico europeo afecten a las dos plantas que tiene en el país:_Sevilla y Madrid. Por este motivo, la Junta de Andalucía reclamó este jueves al Ejecutivo que «se implique» en la búsqueda de una solución.

No obstante, según la central francesa FO que representa a la mayoría de la plantilla de esta multinacional, Francia y Alemania serían los países más afectados por ese ajuste. El principal causante sería el proceso de reorganización del grupo, en particular por la integración de su división de aviones comerciales dentro de la matriz para formar una sola entidad antes de mediados de 2017, aunque también juega en contra la reducción de la carga del trabajo, sobre todo por la caída a tan solo una quinta parte de los pedidos del avión militar C-295, que han pasado de la treintena que se estimaba inicialmente a tan solo una horquilla de entre seis y ocho.

Y es justo en la planta sevillana donde se ensamblan dos de los principales aparatos militares del consorcio, el referido C-294 y el A400M, su joya de la corona aunque se ha visto en parte ensombrecida por algunos fallos durante la fase de pruebas. Airbus ya venía desarrollando en España un plan de bajas incentivadas y prejubilaciones, aunque sin llegar a realizar despidos «duros».

Al mismo tiempo, según la compañía, se estaba intentando rejuvenecer la plantilla con un crecimiento medio del 1,5% en las contrataciones (una media anual de 450). Una política que, sin embargo, podría paralizarse con el nuevo ajuste.

El consejero andaluz de Economía, Antonio Ramirez, se mostró «preocupado» por las noticias que llegan de Francia (donde tiene su sede Airbus). Por este motivo, demandó a la compañía un «compromiso claro» con España y al Gobierno que «coordine acciones» al respecto con las autonomías afectadas.

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