El Gobierno Vasco dice a pensionistas que "por norma" no va a manifestaciones

El Gobierno Vasco "analizará" el emplazamiento de los jubilados al lehendakari, Iñigo Urkullu, para que asista a la manifestación del día 26, aunque recuerda que su "criterio general" es no asistir "por norma a ninguna" marcha.

Así se ha pronunciado el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa celebrada hoy tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Ayer, durante su habitual protesta de los lunes en demanda de pensiones "dignas", los pensionistas instaron a Urkullu a tomar parte en una de las manifestaciones de las capitales vascas del día 26, un emplazamiento que hicieron extensivo a los políticos "del Gobierno y de la oposición".

Erkoreka ha asegurado que el Ejecutivo analizará esta propuesta "con la relevancia que tiene", aunque ha recalcado que el "criterio de los últimos años" es que el Gobierno Vasco "no asiste por norma a ninguna manifestación".

Ha precisado en este sentido que, más que tomar parte en movilizaciones, el Gobierno debe plantear propuestas "realistas y factibles para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Prueba de esas propuestas "específicas", ha dicho, es el complemento que el Ejecutivo autonómico abona a los pensionistas vascos con prestaciones más bajas.

Sobre la reivindicación de que la pensión mínima sea de 1.080 euros, el portavoz ha explicado que se trata de un asunto que debe ser abordado en el Pacto de Toledo, aunque ha advertido de que su aplicación podría poner el sistema "patas arriba".

Preguntado por las críticas de los pensionistas al acuerdo entre PP y PNV para subir las pensiones en función del IPC, Erkoreka ha respondido que no hará "un feo" a los pensionistas "diciendo que no tienen derecho a manifestarse" porque "respeta" a este colectivo.

Sí ha criticado en cambio a los partidos vascos que ven "insuficiente" este acuerdo, a pesar de que el 1 de marzo aprobaron en el Parlamento una iniciativa en la que pedían la revalorización de las pensiones según el IPC. Esta propuesta contó con el respaldo de todos los grupos de la Cámara, menos del PP, que votó en contra.

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