El Gobierno concede 30,4 millones a municipios para contratar a 3.323 parados

El Gobierno de Cantabria ha autorizado subvenciones por importe superior a los 30,4 millones para la contratación de 3.323 personas en paro por ayuntamientos y entidades locales, en una convocatoria en la que se ha primado a los desempleados de larga duración y a la comarca del Besaya.

Las subvenciones se conceden gracias a la orden de ayudas a las corporaciones locales para estas contrataciones, dirigidas a la realización de obras y servicios de interés general y social que tendrán que ejecutarse entre abril de este año y el 31 de marzo de 2017.

La vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha informado en una rueda de prensa de la autorización de estas ayudas a la contratación de desempleados por el Consejo de Gobierno, en una rueda de prensa con el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, que ha destacado que la convocatoria se ha resuelto con "criterios de transparencia".

Las entidades que han obtenido subvención son 117, incluyendo ayuntamientos y mancomunidades, además de entidades como la empresa Santurban, del Ayuntamiento de Santander, la Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña, Pas, Miera, y el organismo La Residencia de Castro Urdiales, y se han aprobado 370 proyectos de 377 solicitados.

Las subvenciones se destinan a sufragar los costes salariales y de Seguridad Social de las personas desempleadas que se van a contratar, que tienen que cumplir unos requisitos.

En la convocatoria anterior hubo 4.029 desempleados que se beneficiaron de estas ayudas, 700 más que este año, pero la vicepresidenta ha señalado que, aunque se contrata a menos gente, "se va a hacer de forma más digna", ya que se han aumentado las cantidades para los grupos de cotización al pasar de 1.500 a 1.900 euros en uno de ellos y de 1.100 a 1.500 en el otro. Estas cuantías incluyen los salarios y la cotización a la Seguridad Social.

Díaz Tezanos ha subrayado que la prioridad del Gobierno han sido los parados de larga duración de más de 45 años que ya no reciben ninguna prestación, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea.

La vicepresidenta ha aludido a la "urgencia" de atender a estos parados y ha señalado que los de muy larga duración -más de dos años- se habían incrementado en Cantabria un 120 % entre 2011 y el segundo trimestre de 2015, hasta alcanzar los 20.700, mientras que los de larga duración -más de un año- aumentaron un 65 %, hasta llegar a 29.600.

El consejero de Empleo ha añadido que el Plan Besaya también ha sido "una realidad" en esta convocatoria de corporaciones locales, ya que diez municipios de esa comarca han tenido la posibilidad de presentar un 20 % más de solicitudes. "Es una realidad que la zona del Besaya es una prioridad para este Gobierno", ha dicho.

Los diez municipios que han podido presentar un 20 % más de solicitudes son Alfoz de Lloredo, Cartes, Los Corrales, Miengo, Polanco, Reocín, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances y Torrelavega.

En el conjunto de estos municipios se van a beneficiar 34 parados menos que en la convocatoria de 2015, pero fuentes de la Consejería han explicado a Efe que esto se debería a que algunos de esos ayuntamientos del Besaya no han presentado solicitudes, o han sido menores, por las sentencias tras demandas de los trabajadores de la anterior convocatoria por el incumplimiento del convenio.

Algunos de esos ayuntamientos tienen que pagar cantidades por ello tras esas sentencias judiciales que han dado la razón a los trabajadores.

En el caso de Torrelavega hay quince trabajadores más en 2016. En Santander, que participa a través de Santurban, la cifra disminuye, con 86 menos, pero la vicepresidenta y el consejero han vinculado esta diferencia con que Torrelavega forma parte de la zona del Besaya que se prima en la orden y con que este año hay menos beneficiados porque aumenta la cuantía destinada a los salarios y las cotizaciones.

Sota ha insistido en que los criterios para la concesión han sido "transparentes" y ha recordado que no todos los tipos de proyectos presentados obtenían la misma puntuación, ya que se primaban las actuaciones sobre Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Los siguientes con más puntos han sido los proyectos de revalorización de espacios públicos degradados, actividades que afecten a gestión de residuos, aguas, control de la energía o mantenimiento de zonas naturales, el cuidado de la infancia y la adolescencia, los servicios a personas mayores o dependientes y las ayudas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Y a continuación estaban las obras o servicios relacionados con transportes colectivos, servicios de proximidad o promoción del turismo, mientras que al final del rango se situaban el desarrollo de la cultura local, acciones de seguridad, la promoción del deporte o lo relacionado con el sector audiovisual.

En la orden también se han establecido unos límites máximos de proyectos en función del número de habitantes de los municipios.

El consejero ha remarcado que en esta convocatoria para 2016 el Gobierno aumentó la cuantía respecto a la anterior en más de un 10 %, de 28 a 31 millones.

EFE

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