El Gobierno aumenta en un 11% las órdenes para prevenir la seguridad laboral

La Dirección General de Trabajo, en coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha programado para este año la realización de 6.339 órdenes de servicio para prevenir los accidentes laborales en las empresas canarias, lo que supone un 11 por ciento más que el año pasado.

Las órdenes tendrán como objetivo vigilar los accidentes más frecuentes, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en los sectores, colectivos y empresas de mayor riesgo, y la mejora de la eficacia y calidad de los sistemas de prevención de las empresas, ha informado hoy el Gobierno de Canarias a través de un comunicado.

El director general de Trabajo, José Miguel González, ha destacado que el índice de incidencia ha disminuido en más de 4 puntos respecto al año pasado pero, aun así, también ha advertido de que el incremento de la actividad económica y el mayor número de personas trabajando, exigen "extremar" la vigilancia.

A través del Instituto Canario de Seguridad Laboral, y en consonancia con la firma de los VI Acuerdos de Concertación Social en Canarias, se implantarán actuaciones con el objetivo de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y generar una cultura preventiva.

Se considerarán prioritarias las ocupaciones con un elevado índice siniestralidad y que requieran la implantación de actuaciones en cuanto al análisis y evaluación de las causas y factores, formación e información de la población trabajadora afectada y la adopción de medidas para eliminar o minimizar los riesgos.

González ha destacado que se realizará un seguimiento de los sectores con mayor siniestralidad para reducir los trastornos musculoesqueléticos derivados de sobreesfuerzos, manipulación manual de carga, posturas forzadas o movimientos repetitivos.

También se prestará mayor atención a los colectivos específicos especialmente vulnerables a los riesgos laborales, como los trabajadores temporales, los jóvenes, los autónomos y la población trabajadora de mayor edad.

Asimismo, todas las actuaciones preventivas promoverán un enfoque de género con el fin de detectar particularidades y garantizar la protección de las mujeres frente a riesgos específicos.

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