Denuncian que Junta infrautiliza centro de FP Granada tras sentencia laboral

Docentes del Centro de Formación para el Empleo "Cartuja" de Granada han denunciado que la Junta no convoca los cursos[…]

Docentes del Centro de Formación para el Empleo "Cartuja" de Granada han denunciado que la Junta no convoca los cursos previstos e infrautiliza estas instalaciones, abiertas desde la década de los setenta, lo que deja en sus casas a una veintena de profesionales que han ganado una sentencia laboral.

Este centro de Formación para el Empleo (FPE), dependiente de la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, cuenta con instalaciones, talleres y aulas totalmente equipadas para formar a desempleados, aunque parte de sus docentes ha alertado de que la programación bianual de 37 cursos por año no se cumple.

Casi una veintena de docentes denunciaron a la Junta su condición de falsos autónomos y, en mayo del año pasado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la que ha tenido acceso Efe los consideró personal indefinido fijo discontinuo del centro.

Estos profesionales, representados por CCOO, han explicado a Efe que desde aquella sentencia del alto tribunal la Junta ha reducido o ralentizado su oferta de cursos, por lo que estos profesores continúan en sus casas sin trabajo.

Según uno de sus portavoces, Andrés Hernández, aunque la Junta aprobó una programación bianual y libró el dinero para ofrecer las especialidades del centro Cartuja, no se han impartido, dejando las aulas sin actividad y el centro con un programa "fantasma".

CCOO ha mantenido encuentros con la delegación territorial de Empleo para conocer cuándo ejecutará la Junta la sentencia del TSJA, creará una relación de puestos de trabajo e impulsará la formación a los desempleados.

"Esperemos que la voluntad política sea la de reactivar la formación en este centro como ha sido durante muchas décadas y no la de seguir alargando estos cinco fatídicos últimos años", han explicado los afectados, que han recordado que desde 2012, la Junta ha reducido el número de cursos, incluso con años en blanco, para evitar lo que creen una contratación "justa y legal".

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