CSIF refuerza sus servicios jurídicos para proteger a funcionarios catalanes

La central sindical independiente y de funcionarios (CSIF) va a reforzar sus servicios jurídicos para dar cobertura a los funcionarios catalanes ante "órdenes de dudosa legalidad en el proceso soberanista".

En un comunicado, CSIF ha solicitado también a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de la XI Legislatura, constituido hoy, que incluyan en sus negociaciones un pacto de Estado por las Administraciones y servicios públicos.

CSIF ha informado hoy de que, tras los últimos acontecimientos de Cataluña, ha reactivado su campaña informativa para proteger a los funcionarios catalanes y ha recordado que cuenta con un protocolo con modelos de actuación y que va a ofrecer un seguro para los casos de suspensión de empleo y sueldo.

Para ello, también va a poner en marcha un sistema de alerta para detectar situaciones irregulares y tomar las medidas que correspondan, en colaboración con la Administración, en defensa del ordenamiento jurídico, el estatuto de autonomía y de la Constitución.

CSIF deja claro que es un sindicato independiente de cualquier partido político y que actúa "desde la responsabilidad y el interés de los trabajadores que se pueden ver perjudicados por decisiones políticas que les trascienden".

Por otro lado, el sindicato ha reclamado a las Cortes que negocien y conformen una opción de Gobierno y que alcancen un pacto que permita reforzar las plantillas públicas con una tasa de reposición del 100 % y un plan de recursos humanos.

Asimismo, este acuerdo debería devolver el poder adquisitivo perdido a los trabajadores públicos, así como las condiciones laborales dañadas durante estos años, como los descuentos por baja médica.

CSIF también ha pedido a los grupos que "doten de contenido político a las conversaciones, con un programa de crecimiento y progreso para el país".

Para ello, CSIF ha considerado que los partidos "deben hacer un ejercicio de responsabilidad y altura política", buscando un denominador común en asuntos como la regeneración política, la gestión transparente y eficaz de las cuentas públicas, reformas de carácter social y defensa de los servicios públicos.

Asimismo, ha visto necesario un acuerdo en materia laboral que favorezca la creación de empleo de calidad y estable.

Este acuerdo debe incluir una reforma de la Ley sindical, a su juicio, con una representatividad más justa y plural, que amplíe la presencia de otros sindicatos en la negociación colectiva junto a las dos organizaciones tradicionales (CCOO y UGT).

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