Convocan movilizaciones para el jueves contra el ERE de Banco Popular

UGT-PV y CCOO-PV han convocado movilizaciones para el próximo jueves en Valencia contra el expediente de regulación de empleo (ERE) de Banco Popular, que prevé un despido colectivo para 2.894 personas en toda España, 180 de ellos en la Comunitat Valenciana, el 25 % de la plantilla.

Durante estas semanas han sido convocadas manifestaciones y concentraciones en toda España con la intención de que la dirección del Grupo Banco Popular "recapacite y modifique" su intención de llevar adelante este despido colectivo, ha informado el sindicato.

En Valencia la próxima tendrá lugar el jueves 13 de octubre a las 12 horas ante las puertas de las oficinas centrales del Banco Popular en Valencia, en la calle Barcas, en la que los trabajadores pedirán que se asuman responsabilidades desde la alta dirección debido a "la mala gestión de la misma", según UGT.

El día 20 a las 18 horas en la oficina regional norte, en la calle Pascual y Genís 20 de Valencia tendrá lugar otra concentración.

El pasado día 6 se inició formalmente el período de consultas en el que el Grupo Popular planteó a la representación legal de los trabajadores la intención de realizar un despido colectivo.

En la Comunitat Valenciana, unos 174 empleados serían despedidos, ya que la propuesta que ofrece el Grupo Popular y Pastor es el cierre de 26 oficinas ( 10 en Valencia, 1 en Castellón y 15 en Alicante), lo que supone un 19 % de la plantilla en la región, según el sindicato.

Las cifras rondan los 180 empleados, el 25 % de la plantilla en la Comunitat Valenciana, según CCOO-PV, que señala que el Grupo Banco Popular quiere prescindir de ellos mediante un proceso de despido colectivo que, por su magnitud, "pone en duda la futura viabilidad" de ambas empresas.

UGT afirma que se sigue trabajando para aportar medidas correctoras no traumáticas al ERE, y su propuesta es favorecer las salidas voluntarias mediante prejubilaciones, y el resto con bajas incentivadas.

Asimismo, parte del acuerdo consistiría en que la empresa "garantizara" la viabilidad futura de la misma, así como "la defensa de los derechos de los trabajadores que permanecieran en la entidad", según las fuentes.

CCOO asegura que lo que sobran son "las innumerables e ilegales prolongaciones de jornada que se realizan, tal y como se viene denunciando ante la Inspección de Trabajo".

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