CCOO y UGT Extremadura piden más empleo público y jornada laboral de 35 horas

Representantes de CCOO y UGT en Extremadura han pedido hoy al Gobierno central que autorice más empleo público, para poner[…]

Representantes de CCOO y UGT en Extremadura han pedido hoy al Gobierno central que autorice más empleo público, para poner freno a la temporalidad en el sector, así como la vuelta a las 35 horas semanales en la función pública.

Así se han pronunciado tanto la secretaria general de la Federación de Servicios de la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Extremadura, Marisol Salazar, como el secretario regional del Sector de Salud de la FESP-UGT, Felipe Bachiller, al ser preguntados por la reunión que hoy mantienen en Madrid representantes de estas organizaciones sindicales y de CSIF con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para abordar estas cuestiones.

Marisol Salazar ha confiado en que haya "coherencia" por parte del Gobierno central con respecto a la vuelta a las 35 horas semanales, ya que no se puede estar, ha dicho, en situación de "conflicto permanente y de judicialización de la negociación colectiva".

Se trata, según ha destacado, de una "demanda masiva" que "tiene que una realidad, pero una realidad legal" y que no termine en el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido con la decisión del Gobierno andaluz de volver a aplicarla.

La representante de CCOO ha considerado también necesario que en la reunión se aborde el tema de las ofertas públicas de empleo y de la tasa de reposición para acabar "con unos niveles de temporalidad y de interinidad en la administración que no pueden garantizar ni la calidad de los servicios públicos básicos ni la estabilidad laboral".

Para Felipe Bachiller, la vuelta a las 35 horas semanales en la función pública "llega tarde" en Extremadura, pues ha recordado que existía un compromiso electoral al respecto por parte del actual presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que tendría que haberse materializado ya, como ha ocurrido en Andalucía.

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Además, ha apostado por un aumento de las ofertas públicas de empleo para reducir con la alta tasa de temporalidad que se da actualmente en las administraciones públicas y que está en torno al 30 por ciento y en algunas categorías llega hasta el 40 por ciento, mientras que antes de la crisis se encontraba en torno al 7 por ciento.

Esto ha provocado, según ha dicho, que las administraciones, para poder dar unos servicios adecuados, estén contratando en "fraude de ley", algo con lo que hay que terminar. EFE.

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