CCOO pide un fondo de compensación del amianto en Euskadi con 40 millones año

El sindicato CC.OO. de Euskadi ha reclamado hoy a las instituciones vascas la creación de un fondo de compensación para los afectados por el amianto dotado con 40 millones de euros al año.

Comisiones Obreras ha desarrollado hoy en Bilbao una jornada informativa sobre el problema de salud laboral que representa esa sustancia, especialmente en el sector ferroviario, bajo el lema "Identificar el amianto es complicado; no hacerlo es mortal".

Según ha explicado a los medios el responsable de salud laboral en CC.OO. Euskadi, Alfonso Ríos, entre los treinta años que van desde 1985 hasta 2015, 25.000 personas han estado en contacto con el amianto en sus puestos de trabajo en Euskadi, sobre datos de Osalan.

Debido a los períodos de latencia que suelen tener las enfermedades causadas por el amianto, que puede de ser de entre 20 y 30 años, Osalan ha concluido que de 2016 a 2020 van a registrarse 1.000 nuevos casos al año de personas enfermas por exposición a esa sustancia, y de ellos, 90 al año serán mesoteliomas o cánceres específicos causados por el amianto que, "son mortales, antes o después".

Ha detallado que ese producto nocivo se utilizó en el sector ferroviario, en las industrias siderúrgicas y navales, y en la construcción, entre otras actividades.

CC.OO. ha valorado ha propuesta aprobada en el Parlamento vasco que instaba al Gobierno de España a crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto, sobre una resolución anterior del parlamento europeo.

Sin embargo, ha augurado que probablemente el Ejecutivo de Mariano Rajoy "hará caso omiso" a esa requerimiento y, por ello, Comisiones Obreras ha pedido que las instituciones vascas, con los impuestos que recaudan, creen un fondo de compensación para los afectados por esa sustancia.

La central ha calculado que ese fondo deberá estar provisto de 40 millones anuales para indemnizar a todos esos casos de dolencias por amianto, y ha reconocido que es "una cantidad grande, pero es una cuestión de voluntad política" y de dar "prioridad" a esas personas frente a otras necesidades, ha concluido Ríos.

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