CCOO denuncia problemas seguridad y salud laboral en administración justicia

El sindicato CCOO ha denunciado hoy los graves problemas en materia de seguridad y salud laboral que a su juicio padece la Administración de Justicia en los diferentes centros de trabajo de Valladolid, por los que ha interpuesto siete denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el último año.

Por ello, el sindicato, a través de un comunicado, ha pedido solucionar los problemas de electricidad estática del edificio judicial de la calle Nicolás Salmerón que afectan a su plantilla y a los que no se da solución por el gerente ni por el propietario del inmueble, a pesar del millón de euros anuales que se paga por su alquiler.

El sindicato ha exigido asimismo la instalación de desfibriladores en las sedes judiciales donde se concentran un gran número de ciudadanos, como en el edificio de la calle Angustias, al que llegan 1.000 personas todos los días más los 250 funcionarios que trabajan en ella y los abogados y procuradores que acuden a él.

"Los argumentos para no instalarlos son peregrinos, simplemente no hay voluntad", ha afirmado en el comunicado el delegado de Justicia de CCOO, Raúl Franco, quien se ha mostrado satisfecho por el inicio de las obras de accesibilidad en el edificio judicial de Medina del Campo tras la denuncia de CCOO por su retraso, aunque también ha exigido la contratación de personal de seguridad en el Juzgado de Medina de Rioseco.

El sindicato ha informado de que las evacuaciones y simulacros de los edificios judiciales dispuestos en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales solo se han realizado en una ocasión y respecto a dos de las nueve sedes judiciales de la provincia, "cuando deberían realizarse todos los años y en todas las sedes".

CCOO ha calificado estas situaciones como "solo unos ejemplos más del incumplimiento reiterado de la normativa por parte del Ministerio de Justicia" y los ha achacado a la "desidia y falta de interés" de los dirigentes.

El sindicato ha incidido en que la falta de actuación perjudica "seriamente" al conjunto de las personas trabajadoras de la Administración así como a los ciudadanos que acuden a las sedes judiciales.

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