CCOO considera reducción del paro positiva pero esperada e insuficiente

CCOO ha considerado hoy que la reducción del paro en mayo en Castilla y León en 5.192 personas ha sido "positiva" y, aunque esperada, "totalmente insuficiente".

Este sindicado ha calificado en un comunicado como insuficiente esta reducción "dada la magnitud" que representa que en Castilla y León haya aún 150.424 personas desempleadas.

CCOO de Castilla y León ha puesto de manifiesto que el descenso del paro en la comunidad, de manera porcentual, un 3,3%, es superior al nacional, que bajó un 2,5%.

Además, ha considerado positivo el dato de afiliación a la Seguridad Social, pues se ganan 8.322 personas más inscritas y crece un 0,9%, lo que coloca la afiliación en 909.278 personas afiliadas, pero en el conjunto nacional el incremento relativo es mayor ( 1,3%), 237.207 afiliados más.

En términos interanuales, pierden en ambos casos intensidad, bajando las cifras interanuales, tanto del desempleo como de la afiliación, según ha destacado CCOO.

El paro registrado desciende en la Comunidad en 14.848 personas, y en 208.998 personas en el conjunto del país, dejando la cifra total en 150.424 parados inscritos en la Comunidad y 3.252.130 en España.

En la afiliación a la Seguridad Social en Castilla y León son 17.012 afiliados más que hace un año, y en España hay 570.254 personas afiliadas más.

Pero este sindicato ha advertido que los contratos que se realizan son temporales en su inmensa mayoría, 91,4%. En este mes los indefinidos fueron 7.689, suponiendo el 8,6%; además, el 34,2% del total de los contratos lo son a tiempo parcial, esto es, uno de cada tres contratos que se han registrado.

En términos netos, en Castilla y León y España uno de cada cuatro personas trabajadoras asalariadas tiene contrato temporal, y casi uno de cada cinco a tiempo parcial, por lo que ha exigido la derogación de las reformas laborales.

Por ello, ha reclamado del nuevo Gobierno de España la definitiva tramitación de Ley de una renta mínima de inserción, que venga a proteger a las personas y a las familias en las que no se tiene empleo ni ingresos, complementaria de las prestaciones autonómicas, como es el caso de Castilla y León, con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

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