Bassa, a favor de revisar la regulación de servicios mínimos desde el diálogo

La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, se ha mostrado hoy favorable a "repasar" la regulación de los servicios mínimos que se establecen en caso de huelga, aunque siempre desde el diálogo y la concertación social y "nunca por la vía directa".

Bassa se ha expresado así durante su primera comparecencia en el Parlament como consellera precisamente cuando los paros de los trabajadores del metro de Barcelona han abierto el debate sobre los límites del derecho de huelga y el papel de los servicios mínimos, que en Cataluña corresponde establecer a la Generalitat.

A juicio de la consellera, en esta legislatura la Generalitat tiene que volver a poner las relaciones laborales "en su sitio" y, entre otras iniciativas, "repasar los acuerdos de representatividad y de servicios mínimos, siempre a partir de la concertación social".

La consellera ha recordado que los servicios mínimos están regulados en Cataluña por un acuerdo suscrito en 2006 entre los agentes sociales y empresariales, y se ha mostrado partidaria de actualizarlos aunque, en su opinión, estos procesos deben llevarse a cabo en momentos de "paz social" y no de conflicto laboral.

Bassa ha defendido la decisión de la Generalitat de ampliar los servicios mínimos en el metro previstos para hoy después de los efectos para la movilidad que tuvo la huelga el pasado lunes, pero, sobre todo, atendiendo al incremento de la contaminación atmosférica en toda el área metropolitana.

La huelga del metro llevó ayer a la patronal Foment del Treball a reivindicar una ley orgánica que regule los límites del derecho de huelga y a plantear incluso que se articule un procedimiento de declaración previa de la legalidad o ilegalidad.

La referencia a una revisión de la regulación de los servicios mínimos ha provocado la reacción del grupo parlamentario de la CUP, que, en boca de su diputada Mireia Vehí, ha rechazado por completo la iniciativa. "Aquí no nos encontrarán nunca", ha dicho.

Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Parlament, la consellera se ha referido también al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y ha subrayado la necesidad de trabajar en los próximos 18 meses para dejar esta herramienta preparada para una eventual Cataluña independiente.

Para ello, ha destacado que se requerirá "una plantilla estructurada" y que tenga un papel más activo que el actual para conseguir la inserción laboral de los parados.

Por otra parte, la consellera, que ocupó cargos de responsabilidad en la UGT en Girona, ha defendido "el control público de las políticas de ocupación" y de la intermediación en la inserción laboral que realiza la Generalitat.

A su juicio, estas políticas deben ser sujeto de una gestión pública "lo más amplia posible", en el que la concertación con el sector privado sea la menor posible.

Bassa ha subrayado que si todos los recursos que se destinan a las agencias privadas de intermediación fueran al servicio público el éxito de la inserción sería mayor dado que la diferencia actual entre el SOC y las empresas es escasa (4-5 % frente al 6 %).

En materia de renta mínima, la consellera ha reiterado su compromiso de aprobar una renta mínima garantizada que sea considerada como un "derecho subjetivo" y ha recordado que la previsión es invertir para ello unos 70 millones de euros adicionales al presupuesto ya ejecutado.

Esta renta se establecería desvinculada en principio de la obligatoriedad de realizar actividades de inserción laboral.

La consellera ha asegurado que "la voluntad de escucha, el diálogo y la colaboración" presidirá su actuación al frente del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

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