Ararteko:Una parte significativa de la población en riesgo no accede a ayudas

El ararteko, Manuel Lezertua, ha alertado hoy de que un "porcentaje significativo" de población vasca en riesgo de exclusión no accede a las prestaciones sociales porque incumple los requisitos o bien porque la Administración "interpreta" que la ley no les da derecho a ellas.

El ararteko ha comparecido esta tarde en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco para explicar su informe con recomendaciones para mejorar la gestión de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Lezertua ha ensalzado el papel que ha desempeñado el sistema vasco de protección social para acotar la exclusión y la pobreza, pero ha señalado como una "deficiencia" del mismo que haya un "porcentaje importante de personas (en situación de riesgo) que se quedan fuera del sistema".

Sobre la retirada de prestaciones por parte de Lanbide -encargada de gestionarlas- ha censurado que incumplimientos menores de los requisitos que no pretenden defraudar y son fruto de descuidos tengan "a veces a consecuencias desproporcionadas" y "excesivas", como la suspensión de la ayuda o su devolución desde el momento del incumplimiento.

Ha abogado en este sentido por incorporar el "principio de proporcionalidad" para evitar que faltas puntuales como no comunicar un cambio de domicilio, no presentar recibos o salir "unos días" de Euskadi acarreen la retirada de la RGI.

En su opinión, los beneficiarios que cumplen los requisitos para percibir la ayuda pero cometen una de esas infracciones menores no deben perder la prestación, aunque sí podría imponerse "otro tipo de sanción" porque se trata de conductas "reprochables".

El ararteko ha advertido además de que algunos ayuntamientos deniegan Ayudas de Emergencia Social cuando Lanbide no concede una RGI o su concesión se retrasa, cuando las AES "son el último recurso que les queda" a estos solicitantes "para afrontar situaciones de enorme dificultad social".

Lezertua, que ha considerado que no le "corresponde" opinar sobre la modificación de la normativa de la RGI propuesta por el Gobierno Vasco, pero ha constatado que hay "un margen importante de mejora" en la gestión de esta ayuda por parte de Lanbide.

Ha citado como ejemplo la reducción de los plazos de resolución de las peticiones y de los recursos planteados, ya que en ocasiones "pueden transcurrir más de 16 meses" y en ese tiempo la situación del solicitante puede empeorar dado que se trata de personas en riesgo de exclusión.

Ha abogado también por que no se suspenda una RGI sin que haya una audiencia previa o una resolución administrativa que lo justifique de manera precisa y no en base a "enunciados generales".

El ararteko ha constatado "avances" en este sentido, pero ha instado a Lanbide a precisar los motivos de la suspensión para que el beneficiario pueda recurrir si lo estima necesario.

Sobre las prestaciones abonadas de manera indebida que los preceptores deben devolver, Lezertua pide que Lanbide informe a los afectados del origen, motivos y conceptos de la cantidad cobrada indebidamente.

Ha considerado de hecho que Lanbide debe mejorar la información de manera global, ya que en muchas ocasiones usa un "lenguaje técnico, lejano e incomprensible" para los solicitantes.

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