Viturme pide la retirada del proyecto de ley que regula el alquiler turístico

La Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca (Viturme) ha pedido este jueves la retirada del proyecto de ley de regulación del alquiler turístico del Govern.

La entidad ha presentado alegaciones al proyecto de ley que, según ha manifestado, "nace con muchos inconvenientes jurídicos que supondrán que la aprobación con el contenido actual acabe en los tribunales".

La patronal señala en sus alegaciones que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima que el establecimiento de unas zonas determinadas en las puedan autorizarse estas estancias turísticas infringe la libertad de empresa y la directiva europea Bolkestein, estableciendo una limitación de la oferta no justificada.

"En la misma línea se contempla en el proyecto de ley autonómico el establecimiento de limitaciones por razón de la ubicación", han remarcado sobre la normativa balear.

La entidad considera que, en virtud de la sentencia, deben añadirse las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al decreto regulador de la misma figura en Galicia. Dicha comisión detalló obstáculos a la competencia efectiva que contiene el decreto gallego.

Entre ellos figura el permitir que los ayuntamientos limiten el número de viviendas en determinados edificios o zonas urbanísticas, exigencia de requisitos como el pago de tasas, el seguro de responsabilidad civil e incluso la obligación de inscripción en un registro público para obtener la calificación de turísticas.

Viturme considera que el contenido de la propuesta actual del Govern para regular el alquiler turístico va en contra de las recomendaciones que ha venido realizado la Comisión y no permitirá, a medio plazo, la inscripción de nuevas viviendas, sea cual sea la tipología de las mismas.

"Ante estas circunstancias por las que han pasado otras normativas autonómicas, la retirada del proyecto en los términos actuales es la vía que consideramos más beneficiosa", han apuntado.

La entidad propone en sus alegaciones replantear una nueva regulación "más acorde con la normativa europea y española y evitar impugnaciones posteriores que no conducirán a nada más que a la inseguridad jurídica".

Los representantes del colectivo están manteniendo contactos con los diferentes partidos políticos que conforman el arco parlamentario para trasladarles la necesidad de reconducir la normativa a una regulación útil que permita la inscripción real de las estancias que ya se están comercializando.

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