Vicepresidencia estudiará minimizar los efectos de la nueva Ley del Taxi

La Plataforma de Afectados por la nueva Ley del Taxi se ha reunido hoy con Vicepresidencia de la Generalitat, que se ha comprometido a revisar la nueva normativa para estudiar si se pueden introducir modificaciones y tratar de "minimizar" los efectos que tiene sobre los taxistas.

Así lo ha asegurado esta organización en un comunicado, en el que han destacado que la reunión se ha producido un año después de haberlo solicitado, gracias a la intervención del Síndic de Greuges, y cuando la ley ya ha sido aprobada.

La presidenta de la Plataforma, Isabel Segura, se ha reunido con el director general de la Vicepresidencia, Jorge Iván Castañón, y ha asegurado que hubiera sido "primordial" haberse reunido antes del 10 de noviembre, fecha de la publicación de la nueva normativa.

Sin embargo, ha señalado que cree que "todavía no está todo perdido" y que "si de verdad a la Generalitat le preocupa el sector, aún está a tiempo de hacer modificaciones en algunos puntos contradictorios que perjudican a muchos trabajadores y que realmente no benefician a nadie".

La reunión se pidió a la vicepresidenta, Mónica Oltra, quien ha delegado en Castañón, que se ha interesado por conocer los puntos que afectan a los socios de la plataforma de una ley que, según Segura, "acabará con el futuro del sector e injustamente afectará directamente a más de 400 familias que viven únicamente del taxi".

La Plataforma ha señalado que el director general les ha solicitado un informe detallado del articulado de la ley que debería revisarse para poder estudiarlo y ver si tiene cabida en este momento una posible modificación.

Castañón se ha comprometido a tratar este tema con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, así como con el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, para tratar de "minimizar" los efectos de esta ley en aquellos taxistas que, amparados por la ley anterior, se hipotecaron para poder tener más de una licencia de taxi.

La Plataforma ha detallado aspectos "muy perjudiciales" para el sector como la obligatoriedad de pasar la segunda licencia acumulada como vehículo adaptado, que supone cambiar los nuevos taxis híbridos con baja emisión de CO2 por furgonetas diesel para personas con movilidad reducida, "muy caras y que en breve la Unión Europea va a prohibir por ser altamente contaminantes".

"No puede ser que se redacte una ley donde, en menos de tres meses y para mantener nuestros puestos de trabajo, nos obliguen a hipotecarnos para comprar un vehículo que va en contra de lo que Bruselas marca en eficiencia energética y que la Comunitat no está exenta de cumplir; es una contradicción", ha argumentado.

La ley obliga a que la segunda licencia de taxi acumulada se adapte o se convierta en vehículo eléctrico de manera permanente y definitiva pero Segura ha advertido que la Comunitat "no está preparada" por falta de puntos de carga.

"Estos despropósitos de la ley son los que desde la Plataforma intentamos que los políticos visibilicen para evitar injusticias", ha asegurado.

Por ello, ha pedido a Castañón que traslade la problemática a su partido, para ver si desde el Ayuntamiento de València es posible ofrecer alguna subvención, como ocurre en otras ciudades de España, para ayudar a comprar estos nuevos coches eléctricos o, por lo menos, para que instalen puntos de carga en toda la ciudad y que "tenga sentido la gran inversión" que los taxistas van a hacer.

Según la Plataforma, "ya son muchos los taxistas que están estudiando interponer las demandas pertinentes contra la Generalitat" por considerar que esa ley es "inconstitucional, discriminatoria, provoca inseguridad jurídica y es un atropello a los derechos adquiridos".

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