Transportistas baleares se repartieron las rutas durante 12 años, según CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asegura que 34 empresas de autocar de Baleares constituyeron un cártel durante 12 años, período en el que se repartieron las rutas de transporte escolar para asegurarse la máxima ganancia posible.

La CNMC ha multado con 9,17 millones de euros a dicho cártel de 34 empresas y a la Federación Empresarial de Transporte Balear (FEBT) por pactar precios y repartirse rutas escolares de concursos públicos del Gobierno de Baleares.

En una resolución emitida hoy, de la que ya informó ayer la Federación Empresarial de Transporte Balear (FEBT) -que manifestó su discrepancia y anunció que la recurrirá ante la Audiencia Nacional-, Competencia explica que estas empresas constituyeron un cártel durante 12 años -desde 2005 y hasta 2013- para repartirse precios y pactar rutas, lo que encarecía los concursos públicos de transporte escolar del archipiélago.

Las compañías pactaron que solo una empresa presentara una oferta a cada ruta, que, sin competencia, lo hacía al precio máximo de la licitación para garantizarse la máxima ganancia.

Las 34 empresas que formaron el cartel han sido sancionadas con un total de 3,14 millones de euros.

Adicionalmente, ocho empresas, siete de ellas del cártel, llegaron a acuerdos bilaterales para repartirse el negocio del transporte discrecional.

Las ocho compañías acordaron repartirse el mercado mediante "acuerdos de transporte" o "acuerdos de colaboración", de diversa duración, y por los que la CNMC les ha impuesto una multa de 5,98 millones de euros.

Junto al cártel, también participó la Federación Empresarial de Transporte Balear (FEBT), al convocar y organizar las reuniones del cártel y recibir las ofertas de las empresas en sobre abierto para comprobar que cumplían con los acordado, y luego presentarlas a la Consejería de Educación de Baleares.

La FEBT recomendaba precios y difundía tarifas para las excursiones y los traslados de transporte discrecional en la isla de Mallorca desde 1977 hasta 2011, por lo que ha sido sancionada con 200.000 euros.

Las empresas sancionadas tienen un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución ante la Audiencia Nacional.

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