Tarragona volverá a tramitar el polémico proyecto urbanístico de la Budellera

El ayuntamiento de Tarragona volverá a someter a aprobación inicial el proyecto urbanístico de la Budellera, ha anunciado el alcalde Josep Félix Ballesteros (PSC) tras participar en la Comisión de Urbanismo de la Generalitat.

El plan parcial de la Budellera (PP-24) prevé cerca de 4.200 viviendas -inicialmente, eran casi 6.000 y ya se redujeron- y he generado un amplio rechazo entre vecinos, ecologistas y grupos de la oposición.

El equipo de Gobierno (PSC-PP_UDC) aprobó inicialmente el plan el pasado mes de septiembre, pero ahora volverá a tramitarlo para aumentar el consenso con los opositores del proyecto, según el alcalde.

También para recoger las condiciones que marca la Comisión de Urbanismo, sobre todo la de desplegar la urbanización por fases y no a la vez, tal como pretendía la junta de compensación, presidida por el constructor José Luís García, que impulsa el proyecto.

Otro de los aspectos más polémicos eran tres rascacielos de doce plantas con usos hoteleros, que se vetan, y una zona de equipamientos, con aparcamiento, en la playa Llarga, que a partir de ahora será zona verde.

Las viviendas tampoco tendrán planta baja más ocho pisos, sino máximo seis y, preferiblemente, cuatro, según el alcalde.

La Budellera se proyecta entre la autovía A-7 y la antigua N-340, a partir del campo del Nástic siguiendo las playas Savinosa y Llarga y prevé, además de pisos, hoteles, oficinas y zonas comerciales y más de 10.000 habitantes.

Ballesteros ha defendido que el proyecto es necesario para la futura demanda de pisos -por los nuevos tipos de núcleos familiares- y para equilibrar las finanzas municipales, que cada año pierden unos 9 millones de euros por la segregación de La Canonja en 2010.

La Canonja cobra cada año un porcentaje más alto de los impuestos que pagan las industrias químicas de su término municipal y en 2025 recibirá la totalidad y la ciudad de Tarragona, nada.

Según el alcalde, la Comisión ha elogiado que el plan no afecta al pulmón llamado la Anella Verda, cosido por caminos municipales, al que se le añaden 50 hectáreas más.

Sin embargo, también instan a mejorar las líneas eléctricas, los pasos de la vía del tren, los accesos a las playas, mayor protección frente a un barranco que cruza el sector y varios aspectos de la movilidad.

La primera aprobación inicial aún debe de resolver las alegaciones recibidas y se volverá a abrir un período de exposición pública para esta nueva tramitación, en la que no participará el concejal de Urbanismo, Josep Maria Milà.

Milà, arquitecto jubilado, trabajó en el proyecto a las órdenes del constructor García antes de ser concejal, aunque ya se han cumplido dos años desde entonces y no sería motivo de incompatibilidad.

Sin embargo, su hijo Pepe Milà sigue al frente del proyecto desde el Despatx Milà y es el interlocutor con el consistorio, por lo que el concejal debe abstenerse en toda la tramitación.

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