Stop Desahucios acusa al Gobierno Vasco de "encubrir" su fracaso en vivienda

La asociación Stop Desahucios de Álava ha acusado hoy al Gobierno Vasco de "encubrir" su fracaso en políticas de vivienda al anunciar un programa de ayudas al alquiler para jóvenes que en su opinión tiene un claro "tufo electoralista".

La pasada semana el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, anunció la puesta en marcha, a partir del próximo año, del programa denominado Gaztelagun, que contempla ayudas para que los jóvenes de entre 23 y 35 años puedan pagar durante un máximo de tres años hasta un 50 % menos del alquiler de viviendas.

En un comunicado, Stop Desahucios ha lamentado que ahora el Gobierno Vasco prometa a los menores de 35 años ayudas para el alquiler pero se las nieguen este año al exigirles llevar cuatro años inscritos en Etxebide.

Además, esta asociación ha reprochado al Departamento de Arriola que esté retrasando el proyecto de decreto que regulará "el derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda o la prestación económica de vivienda que el Gobierno Vasco aprobó en plenas vacaciones del año pasado".

La realidad, ha señalado Stop Desahucios, es que el parque de vivienda pública de alquiler "es absolutamente insuficiente" y el Gobierno Vasco "no está haciendo nada" para combatir la especulación en los alquileres privados que excluyen, cada día mas, precisamente a los colectivos más vulnerables, especialmente a mujeres y jóvenes, mediante avales y fianzas impagables, rentas medias que superan ya los 850 euros mes o incrementos abusivos de la renta al renovar los contratos.

"Hay que reaccionar pasando al alquiler todas las viviendas de titularidad pública, exigiendo a bancos, fondos de inversión, y grandes tenedores de vivienda que compensen a la sociedad cediendo en alquiler sus viviendas vacías para que sean gestionadas públicamente", ha indicado la asociación.

También ha considerado necesario presionar al Gobierno estatal para que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos, exigiendo la ampliación a un mínimo de cinco años los contratos de alquiler para impedir que se especule con los alquileres, así como mayores dotaciones presupuestarias para construir más viviendas sociales.

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