Quiñones reconoce que parque público de vivienda en alquiler es insuficiente

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reconocido que el parque público de vivienda en alquiler[…]

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reconocido que el parque público de vivienda en alquiler de que dispone la Junta de Castilla y León es "insuficiente" por lo que se seguirá trabajando para incrementar las 1.780 viviendas que hay incorporadas actualmente.

"No es suficiente, ni mucho menos, es totalmente insuficiente", ha asegurado durante la firma de un protocolo de colaboración con el Obispo de Palencia, Manuel Herrero, para incorporar viviendas ubicadas en el medio rural propiedad de la Iglesia al Parque Público de la Junta, con el fin de destinarlas en régimen de alquiler social tras ser rehabilitadas.

"Cuantos más viviendas tengamos, mejor, más podremos llegar a todos los casos y evitaremos listas de espera", ha insistido el consejero, recordando que el compromiso de la Junta de Castilla y León en esta legislatura es incrementar ese parque de viviendas en alquiler porque "es una de las patas clave" de la política de vivienda de la Junta.

El suscrito hoy con el Obispado de Palencia es el tercer convenio que firma la Consejería de Fomento con representantes de la Iglesia Católica, después del Obispado de León y Ciudad Rodrigo.

"Una iniciativa muy importante que ayudará a dar esperanza a nuestros pueblos", ha manifestado el Obispo de Palencia, ya que se trabajará de una forma coordinada para facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada y atender situaciones difíciles especialmente en el medio rural.

De hecho, el objetivo de estos convenios es facilitar la puesta a disposición de las familias de entornos rurales, a través de su incorporación al Parque Público de Vivienda de la Junta, aquellas viviendas propiedad de la Iglesia que se encuentran en desuso.

Con la firma de este protocolo, Junta y Obispado coinciden en el interés de utilizar esas viviendas en régimen de alquiler social para facilitar el acceso a personas que por su situación personal, social o económica, no pueden tener acceso a una vivienda en el mercado libre.

Una vez firmado el protocolo, la Consejería estudiará las opciones propuestas por el Obispado y comprobará las características de las viviendas propuestas para redactar las memorias de las obras de rehabilitación necesarias para cada una de ellas.

Suárez-Quiñones ha recordado que esta iniciativa se suma a otras que está desarrollando la Junta en la misma línea, como el programa Rehabitare, que, desde 2016 hasta hoy ha ofrecido 108 viviendas rurales en régimen de alquiler social distribuidas en 89 municipios de Castilla y León, con un presupuesto de inversión superior a 4 millones de euros.

A esas 108 viviendas se suman las que se incorporan mediante los convenios con Obispados, para lo que se baraja una previsión de cuatro viviendas por año y obispado y con lo que se alcanzarían 120 viviendas en alquiler social en el medio rural.

Suárez-Quiñones ha insistido en la necesidad de incorporar el medio rural a las políticas globales de vivienda, tanto a través de estos programas como de los programas de rehabilitación y regeneración urbana que está llevando a cabo su departamento en los entornos rurales.

El objetivo final es contribuir a fijar población en esos núcleos rurales dentro de la lucha contra la despoblación, ha incidido.EFE

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aaf/jam

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