Puertos defiende mantener exención fiscal mientras se negocia con la Comisión

Puertos del Estado ha expresado hoy su sorpresa ante la petición de la Comisión Europea (CE) de pedir a España que los puertos paguen el impuesto de sociedades, y ha asegurado que su presidenta, Ornella Chacón, defenderá la continuidad del actual sistema mientras se negocia una alternativa.

El lunes, la CE pidió a España que, en el plazo de dos meses, adapte el régimen por el que sus puertos se benefician de exenciones en el impuesto de sociedades y que, a partir del 1 de enero de 2020, tributen de la misma forma que el resto de empresas.

En España, los puertos están exentos del impuesto de sociedades en lo que respecta a sus principales fuentes de ingresos, como las tasas portuarias o los ingresos obtenidos de contratos de arrendamiento o de concesión, y en el caso de el País Vasco están totalmente exentos de este gravamen.

En un comunicado, Puertos del Estado ha subrayado que desde 2017 ambas instituciones mantienen un proceso de diálogo para alcanzar una solución de consenso, y ha afirmado que aunque la CE diera a conocer el lunes su recomendación "sin previo aviso" sigue abierta al diálogo para "conseguir una salida técnica que satisfaga a las partes".

En la nota, Chacón reitera su ?vocación negociadora? como vía para alcanzar ?soluciones satisfactorias? a los conflictos y lanza un mensaje de tranquilidad a las autoridades portuarias garantizando que ?defenderá el actual sistema de exenciones? a lo largo del proceso negociador con la CE, que a su juicio sigue abierto.

La entidad, dependiente de Fomento, considera que las exenciones tributarias en los puertos españoles no van contra el derecho comunitario, como también defienden otros países como Francia, Bélgica, Holanda e Italia.

Para Puertos del Estado, ésto refuerza la idea de que las exenciones son instrumentos habituales en los Estados Miembros de la Unión Europea (UE).

Además, argumenta que las imposiciones directas (como el Impuesto de Sociedades) no están armonizadas entre los Estados miembros de la UE, por lo que antes de tomar decisiones individuales Bruselas debe acometer dicha armonización.