PSOE pide a consejero que comparezca por cierre de planta de reciclaje

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha hoy pedido la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por el posible cierre de la planta de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos Induraees, de Osorno (Palencia), y el despido de sus 40 trabajadores.

La planta, inaugurada en 2008 tras una inversión de 10 millones de euros, ha anunciado que dejará de recoger electrodomésticos debido a la complicada situación económica que atraviesa y que pone en peligro la continuidad de la actividad y de sus 40 trabajadores.

Los procuradores socialistas por Palencia, Consolación Pablos y Jesús Guerrero, han solicitado la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente para que ofrezca explicaciones sobre la posición de la institución autonómica respecto al posible cierre de esta planta, según han informado en un comunicado.

El PSOE ha preguntado además si la Junta de Castilla y León va a modificar su política en la materia y si tiene previsto impulsar un sistema de gestión pública para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad Autónoma.

Asimismo los parlamentarios socialistas se han interesado por cómo va a afectar este cierre, si se produce, en Castilla y León.

En cuanto a los trabajadores, los procuradores socialistas quieren sabe si se va a tomar alguna medida para evitar el cierre y, en su caso, cómo van a ser atendidos los 40 empleados de la empresa que se quedarían en la calle.

Además han recordado que el Grupo Parlamentario Socialista, consciente de la problemática de esta empresa, ya intentó en su día, mediante una iniciativa parlamentaria, que la Junta variara su política para que estas plantas fueran declaradas Servicio Público como ocurre en otras Comunidades Autónomas, propuesta que rechazó el Grupo Popular.

Los procuradores han subrayado también que si finalmente se consuma, el cierre de Induraees tendría importantes consecuencias laborales y dejaría desatendidos a cientos de ayuntamientos y comercios.

Fuentes de la empresa explicaron ayer a EFE que se han visto abocados a esta situación por los continuos incumplimientos de los fabricantes de electrodomésticos y la falta de vigilancia de la Junta de Castilla y León para que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos se traten en centros autorizados como este y no acaben en chatarrerías sin autorización.

Según la empresa, que gestiona todas las categorías de RAEES y tiene una capacidad de tratamiento de 30.000 toneladas de este tipo de residuos, el problema es que nunca han conseguido tratar más de 4.000 toneladas de aparatos procedentes de Castilla y León.

Una cifra que apenas supone el 10 por ciento de los RAEES que se generan en Castilla y León, y que el propio plan de residuos sitúa en 43.000 toneladas anuales, según ha indicado la empresa que hace responsable a la Junta de la falta de "vigilancia" para que se cumpla con la normativa europea en esta materia.

Más aún cuando el reciclaje que debería hacerse en este tipo de centros de tratamiento "se está haciendo en malas condiciones en sitios no autorizados", con el consiguiente peligro para los trabajadores y el medio ambiente ya que muchos de los materiales de los aparatos eléctricos y electrónicos son peligrosos.

Además han recordado que el consumidor, cuando compra un electrodoméstico, paga por su reciclaje, mientras que los fabricantes, cobran por reciclar lo que venden y luego no lo reciclan.

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