Prisión para los dirigentes de UPA-UCE Ignacio Huertas y Maximiano Alcón

La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida, Ana Beléna Fernández, ha dictado prisión para el secretario regional de UPA-UCE, Ignacio Huertas, y para el secretario de Organización, Maximiano Alcón, tras tomarle declaración en la investigación que se lleva a cabo por supuesto fraude y falsificación de documentos.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los otros cinco detenidos en la llamada "Operación Tellus" quedan en libertad sin fianza y con cargos, como anunció ya esta mañana la propia organización agraria.

Los dos dirigentes eran los únicos que permanecían en prisión de los siete que fueron detenidos el pasado miércoles por la Guardia Civil, seis de ellos pertenecientes a UPA-UCE, además de Juan Miguel Apolo, gerente de la empresa de servicios que contrató la entidad agraria para el asesoramiento.

La pasada madrugada la juez que lleva el caso dictó libertad sin fianza para la vicesecretaria general, María Antonia Alcalá; el secretario de Acción Sindical, José Cruz, el trabajador de la oficina de UPA en Losar de la Vera Ignacio Trejo y el exsecretario de Organización Miguel Leal.

Huertas y Maximiano Alcón, que volvieron esta mañana al juzgado de Mérida procedentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, a donde habían sido trasladados la pasada madrugada, han prestado declaración desde la una del mediodía hasta pasadas las siete de la tarde.

El secretario general de UPA, el extremeño Lorenzo Ramos, que permanece desde esta mañana a las puertas de los juzgados, ha declarado a Canal Extremadura que todo parte de la denuncia de un antiguo afiliado de UCE contrario a la unión con UPA, que ahora intenta perjudicar a esta organización.

En un comunicado, UPA-UCE ha considerado "injusta e ilógica" la prisión decretada por la jueza para Ignacio Huertas y Maximiano Alcón.

"Demostraremos nuestra inocencia y limpiaremos la imagen de la organización", afirma la organización, que califica la medida como "tremendamente injusta e ilógica" y ha asegurado que "la decisión ya estaba tomada antes de celebrarse la vista".

Como prueba de esta afirmación, señala que los medios de comunicación informaron de la noticia horas antes de que los propios interesados y sus abogados conocieran la pena de prisión e incluso antes de celebrarse la vista.

UPA-UCE ha exigido la "liberación inmediata" de sus dos responsables y ha pedido a la jueza que reflexione sobre la "lógica y la conveniencia" de una medida que han tildado de "desproporcionada".

La organización ha asegurado que han sido víctimas de una falsa denuncia que ha hecho incurrir en un "grave error" a la Guardia Civil.

Además, asegura que las formas en que se ha desarrollado la operación han sido "vergonzosas y humillantes" y cree que el Instituto Armado debería haber tenido en cuenta "el prestigio de unas personas que son conocidas, queridas y respetadas" en la historia del sindicalismo agrario de la región.

Para UPA-UCE, el sentimiento es "de injusticia y de desmesura" y no cree que haya ningún delito en la gestión de las ayudas al asesoramiento a explotaciones, ya que las subvenciones se recibieron en tiempo y forma y los trabajos se hicieron y se presentaron ante la Junta de Extremadura.

UPA-UCE ha explicado que "ya están analizando todo lo ocurrido y preparando su defensa, además de destacar que el apoyo que han recibido "ha sido muy fuerte" y eso prueba que son "una organización querida y respetada por la sociedad"

Por otra parte, la Junta de Extremadura ha anunciado hoy que iniciará una auditoría complementaria de las ayudas para el asesoramiento de agricultores entre 2013 y 2015 que complemente a las ya realizadas dado que "parece" que en esa última convocatoria se centra una parte de la investigación a la organización agraria.

En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio insiste en que no ha recibido ninguna notificación oficial en torno a este asunto, ni petición de información alguna, por lo que desconoce el alcance de la investigación en curso y los presuntos hechos delictivos que se investigan.

No obstante, "dada la gravedad de los hechos presuntamente bajo sospecha y con carácter preventivo, llevará a cabo esas auditorías", señala el comunicado.

Además, para complementar toda la información posible sobre estos hechos, la Consejería pretende mantener reuniones de trabajo con el anterior equipo de gobierno de la Consejería y responsables del Organismo Pagador.

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