Plataforma Stop Pujades denuncia la privatización de gestión de T-Movilidad

La plataforma Stop Pujades ha denunciado hoy que la concesión a un grupo de empresas liderado por CaixaBank de la gestión de la tarjeta T-Movilidad supone en la práctica la privatización del transporte público.

La plataforma exige que tanto la gestión como la propiedad de la T-Movilidad sean totalmente públicos y que se informe sobre "el coste real" que supone la privatización de la gestión del transporte público.

En el marco del Mobile World Congress, que se clausuró ayer en Barcelona, se presentó la T-Movilidad, el nuevo sistema de pago inteligente en el transporte público con el que se pasará de la banda magnética al chip, que entrará en funcionamiento en Barcelona a finales de 2018 y que estará implantado en toda la zona tarifaria integrada a finales de 2019.

Una vez en funcionamiento, este sistema sustituirá de forma progresiva a los actuales 88 títulos actuales de transporte, si bien convivirán durante un período de transición.

La puesta en marcha de este título también supondrá la implementación de una "tarifa única" en los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), hasta ahora divididos en dos zonas.

A partir de 2019, se implantará el nuevo sistema en el resto de municipios que usan el sistema tarifario integrado, que contarán el coste del trayecto en función de los kilómetros recorridos, con el objetivo final de que el sistema llegue a toda Cataluña.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, afirmó ayer que la T-Movilidad "quizá sea una de las apuestas de movilidad inteligente más potentes que se hará en el mundo", a lo que la plataforma ha replicado que "tarjetas similares sin contacto están funcionando en lugares tan cercanos como el Camp de Tarragona o Zaragoza", donde se han hecho "sin intermediarios y sin haberse privatizado la gestión del transporte".

La implantación de la T-Movilidad a finales de 2019 en toda la zona tarifaria integrada supone dos años de retraso respecto a las primeras previsiones, por lo que la plataforma se pregunta "cuánto costará a los usuarios y a la ciudadanía este retraso de dos años en la implementación".

La concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Vidal, recordó ayer que parte del retraso se debe a la renegociación de las instituciones implicadas -Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)- con el operador privado SOC Movilitat, consorcio formado por CaixaBank, Fujitsu, Indra y Marfina y adjudicatario del contrato para mejorar el control público.

La plataforma Stop Pujades lleva años reclamando una Mesa Social del Transporte, que sea operativa y vinculante, donde usuarios y administración pública participen en las decisiones que afectan al transporte público, sin la intermediación de empresas privadas. EFE.

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