Piden ejecutar la indemnización de 4,5 millones contra una promotora

La comunidad de propietarios de la urbanización El Mirador de los Altos, ubicada en la costa de Orihuela, ha pedido que se ejecute la indemnización de 4,5 millones de euros que ha de abonarle la empresa promotora por construir una piscina y una zona de recreo en suelo municipal.

Así lo ha comunicado hoy a Efe el abogado de los afectados, Carlos Valls Cremades, después de que el Tribunal Supremo desestimara los recursos de Promoplus Internacional SA contra una sentencia de la sección novena de la Audiencia de Alicante.

La Sala de lo Civil del alto tribunal ratificó en su resolución, fechada el pasado 22 de marzo, que la promotora incurrió en una "infracción contractual" al encontrarse la piscina entregada a los vecinos "en terreno municipal".

Un juzgado de Torrevieja reconoció en junio de 2013 a la comunidad de propietarios El Mirador de los Altos su derecho a ser indemnizada con 5,4 millones de euros.

En diciembre de 2014, la sección novena de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, dictó otra resolución por la que rebajó la indemnización a 4,5 millones y que ahora ha sido confirmada por el Supremo.

Según la Audiencia alicantina, la promotora ofreció a los propietarios de las más de doscientas viviendas que componen la urbanización una "piscina comunitaria para adultos y niños y amplias zonas verdes comunitarias".

No obstante, la comunidad averiguó después, a través del ayuntamiento de Orihuela, que la instalación se encontraba ubicada en una parcela de 3.400 metros cuadrados de titularidad municipal.

El abogado de los perjudicados, Carlos Valls, ha informado hoy de que ha cursado una petición al juzgado de Torrevieja que tramitó el asunto para transformar en definitiva la ejecución provisional de sentencia que solicitó en su día.

"Hay unos inmuebles embargados a la promotora que han de salir a subasta, pero no cubren ni de lejos el total de la indemnización", ha señalado el letrado.

De hecho, otro juzgado está investigando en la vía penal a los responsables de la empresa tras la querella interpuesta por los afectados por un supuesto delito de insolvencia punible.

Esa querella fue admitida a trámite hace un año, aproximadamente, después de que Promoplus Internacional SA vendiera "sus activos más importantes" a otras firmas a cambio de participaciones sociales en otras sociedades, ha añadido Valls.

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