Peña cuestiona el proyecto de la lonja y el control del gasto del puerto

El director de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), Ricardo Peña, ha cuestionado hoy el proyecto inicial de la lonja de Pasaia y también los sistemas de control de gasto del puerto, además de responsabilizar al director de obra de las irregularidades detectadas en su construcción.

Peña ha protagonizado hoy una larga comparecencia -casi tres horas- en las Juntas Generales para informar sobre las irregularidades detectadas en la construcción de la lonja de Pasaia, cuya obra principal arrastra un sobrecoste de más de 5 millones de euros que está siendo investigado por un juez de San Sebastián.

El presidente de la APP ha detallado que el proyecto original se adjudicó en 14.973 millones de euros, a los que posteriormente se han ido sumando 1.470.227 euros correspondientes a un modificado tramitado correctamente y 616.498 euros del proyecto complementario número 1, que también se hizo conforme a la ley.

A partir de aquí, las obras continuaron sin tramitación y sin ejecución presupuestaria -las dos principales irregularidades detectadas- por valor de 1.407.000 euros, una cantidad que reclama la UTE adjudicataria y que ahora se está tramitando en un expediente de reclamación patrimonial.

Además, hay una serie de trabajos ejecutados por valor de 157.659 que se llevaron a cabo sin autorización de ningún tipo, y que se encuentran "en una especie de limbo" porque aún no se sabe cómo se van a regularizar.

Por otra parte, Peña ha calculado que, al liquidar la obra, quedará pendiente abonar 1.498.000 euros, una cantidad amparada por el 10 % de incremento que permite la ley en las liquidaciones de obra pública.

Así, el sobrecoste sobre la adjudicación original del proyecto supera los 5 millones de euros, según ha detallado.

Sin embargo, Peña ha dicho que la lonja "va a costar muchísimo más", en torno a los 26 millones, debido a otros gastos no contemplados en el proyecto original, como la propia redacción del proyecto, la habilitación del edificio cabecera, la asesoría técnica o los gastos derivados de que la explotación de la lonja quedara desierta.

Queda pendiente la urbanización del entorno, que Peña ha anunciado que no acometerá la Autoridad Portuaria.

A la luz de todos estos datos, Peña ha asegurado que el proyecto original de la lonja de Pasaia era "manifiestamente mejorable" y "podía haber sido de otra manera".

La misma expresión -"manifiestamente mejorable"- ha sido empleada por el presidente para definir el "sistema de control de gasto" de la Autoridad Portuaria de Pasaia, sobre el que ha recomendado una "revisión a fondo", ya que no cuenta con "medios óptimos".

En toda su declaración se han deslizado reproches hacia la actuación del director de obra, que ejerció el jefe del Departamento de Infraestructuras, David Candelario Iparragirre, a quien se le abrió un expediente disciplinario primero y se le destituyó después, tal y como ha revelado Peña.

"Podría hablar mucho del director facultativo, pero no lo voy a hacer. Está expedientado y va a ser un elemento importante en el proceso de judicialización", ha manifestado Peña.

Peña ha añadido que el director de obra "tiene un gran desconocimiento de lo que es la ley de contratos de la administración pública" y ha cometido "errores de base".

Entre ellos, "descertificar" unidades de obra que habían sido previamente certificadas y que pensaba incluir en un proyecto complementario 2 que debería haber tramitado antes de autorizar dichos trabajos, un hecho del que también ha responsabilizado al exdirector del puerto, el destituido Gregorio Irigoyen.

Respecto a su propia responsabilidad, Peña ha asegurado que ha sido él quien ha "tirado de la manta" y ha eludido "mirar a otro lado" cuando detectó las irregularidades.

Peña ha explicado también que un informe del interventor del Estado reveló que en las certificaciones del proyecto original figuraban "un montón de unidades como concepto cero, como si no se hubieran ejecutado", pero que comprobaron que de ellas 1.100.000 euros correspondían a obras presupuestadas que al final no hubo que ejecutar y a mediciones que eran mayores en el proyecto que en la obra realizada.

Este hecho genera "dudas" en los rectores del puerto, ya que se preguntan "por qué si teníamos menos obra, por valor de 1,1 millones, no se aprovechó esta circunstancia para hacer un modificado de 300.000 euros en lugar de uno de 1,4 millones".

No obstante, ha asegurado que esta cantidad no está desviada y se está comprobando que todo lo pagado se corresponde con obra ejecutada, que está pendiente de liquidación final.

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