Parlamento griego abre camino a la privatización de centrales de lignito

El Parlamento griego abrió hoy el camino a la privatización de varias centrales y minas de lignito de la empresa pública de electricidad (PPC, por sus siglas en inglés), reclamada por los acreedores y por la legislación europea.

La ley salió adelante con los votos a favor de la coalición gubernamental, mientras todos los partidos de la oposición votaron en contra.

Con ella se abre el camino a la venta de tres centrales eléctricas y sus correspondientes minas, así como a la licitación para la prospección de yacimientos de lignito, y en caso de hallazgo, la construcción de una central adicional.

La capacidad de producción de las centrales existentes, para cuya compra todavía no hay candidatos, alcanza los 930 megabatios (MW).

La central por construir tendrá una capacidad de producción de 450 MW.

Dos centrales están situadas cerca de la ciudad de Megalópolis, en la península del Peloponeso, mientras la tercera se encuentra en las inmediaciones de Flórina, cerca de la frontera con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, comarca en la que también se encuentra la zona que será licitada para su prospección.

La privatización de estas centrales y minas es un requisito que debe cumplir el Gobierno griego para poder concluir la última evaluación del programa de asistencia financiera del país, que vence en agosto.

La ley es además necesaria para cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, que dictaminó que el monopolio de PPC en la producción de electricidad a base de lignito es contraria a la legislación europea.

La conservadora Nueva Democracia y el socialdemócrata Movimiento por el Cambio acusaron al Gobierno de Alexis Tsipras de haber cancelado un proyecto de privatización que ya se había aprobado durante el mandato del primer ministro Andonis Samarás, lo que ha llevado a que la empresa esté al borde de la quiebra y deba malvenderse.

El ministro de Energía, Yorgos Stathakis, rechazó las acusaciones y destacó que PPC seguirá manteniendo todas sus centrales hidroeléctricas, que son más rentables que las de lignito.

Además, recalcó que la ley ofrece una garantía laboral durante seis años a los trabajadores de las centrales privatizadas.

Alrededor de un millar de trabajadores de PPC se manifestaron frente al Parlamento contra la privatización y lo que consideran inminente pérdida de sus puestos de trabajo, y su sindicato, GENOP-DEI, comenzó el lunes una huelga en protesta contra la privatización.EFECOM

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