Nuevo tren de una línea catalana lleva 2 conductores, uno de FGC y otro Renfe

Los nuevos convoyes de la línea de tren entre La Pobla de Segur y Lleida llevan dos conductores, uno de Ferrocarriles de Cataluña (FGC) y otro de Renfe, situación insólita que es debido a que la Generalitat no tiene la licencia necesaria para los 1,9 kilómetros de la red estatal por la que transita en esta línea de 89 km.

El propio conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha lamentado esta situación, que ha descrito de "incomprensible y sorprende", puesto que la achaca a la "burocracia" del Gobierno central.

La cuestión es que Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) necesita de una licencia especial para que sus conductores operen en el tramo de interés general del Estado que gestiona el Ministerio de Fomento y por el que transitan -en 1,9 km- los nuevos convoyes de última tecnología que ha comprado en Suiza la Generalitat de Cataluña por valor de unos 9 millones de euros.

Esta última licencia para los nuevos convoyes, que depende de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria del Ministerio de Fomento, lleva encallada hace algunos meses, según la Generalitat, por lo que han tenido que pagar a Renfe para que les provea de conductores homologados para llevar a cabo los 1,9 kilómetros de la red estatal por donde pasa la línea La Pobla-Lleida, momento en el que el conductor de FGC debe dejar el mando al conductor de Renfe.

Otras fuentes del sector consultadas por Efe aseguran que la Generalitat hace tiempo que compró los convoyes y no debió prever con el tiempo suficiente pedir la licencia y homologación correspondiente para sus conductores, por lo que la autorización aún no ha llegado.

La Generalitat no ha querido esperar a tener dicha autorización y ha decidido pagar a Renfe por sus conductores, para el tramo de 1,9 km, hasta que reciba luz verde para sus maquinistas.

La Generalitat ha informado en una nota de que ya tuvo que retrasar el pasado mes de abril la puesta en marcha de los dos nuevos convoyes por la falta de la homologación para operar en ese tramo de la línea, que forman parte de la red básica de interés general propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Ahora falta el permiso para los conductores.

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