Móstoles estudia acciones contra la concesionaria del tren a Navalcarnero

El alcalde de Móstoles, David Lucas (PSOE), ha asegurado hoy que desde el Ayuntamiento se van a estudiar "todo tipo de acciones" para la terminación de la línea de cercanías C5 desde Móstoles a Navalcarnero, ya que es "una infraestructura fundamental para el desarrollo económico y la movilidad del municipio".

Lucas ha anunciado también que va a poner en manos de los servicios jurídicos del Consistorio la posibilidad de personarse en la acción judicial con la que el consejero de Transportes de la Comunidad, Pedro Rollán, ha amenazado si la empresa concesionaria -Cemonasa, de OHL- no finaliza las obras en el plazo previsto.

"O Cemonasa termina las obras y pone en funcionamiento la concesión administrativa o, si no, nos veremos en los tribunales requiriéndole los daños y perjuicios que ocasionan para los vecinos de Móstoles, Navalcarnero y todo el eje de la A5", aseguró Rollán el pasado martes durante una visita al centro de operaciones de Metro.

Estas declaraciones se producen después de que una información publicada por el diario La Razón asegurara que la empresa concesionaria habría empezado a retirar una tuneladora de estas obras, que lleva paralizada desde hace seis años tras haber invertido ya 140 millones de euros.

"Las obras han provocado que Móstoles esté lleno de túneles, que no haya conexión con Navalcarnero y que no se haya llevado a cabo el compromiso de soterrar las vías a su paso por la ciudad", ha lamentado el alcalde de Móstoles, quien ha prometido "explorar todas los cauces posibles para que el proyecto se lleve a cabo".

El regidor socialista también ha acusado de esta paralización a "la nefasta gestión del anterior Gobierno municipal -del PP- que no supieron, o no quisieron, exigir a OHL la terminación de las obras", y ha pedido que se cumplan "los compromisos adquiridos por la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre".

La Comunidad adjudicó a OHL el concurso para la construcción y explotación del tren "con la previsión de grandes desarrollos inmobiliarios en Navalcarnero que se vieron imprevisiblemente paralizados por la grave crisis financiera e inmobiliaria que azotó a España", ha señalado en su defensa el grupo OHL.

Entre otras actuaciones, el actual equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya impuso a la concesionaria una sanción de 34 millones de euros por le retraso en las obras y, en mayo de este año, le dio un plazo de 16 meses (hasta septiembre de 2017) para ejecutar la totalidad del contrato, "tal y como marca la ley".

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