Marín cree que el acuerdo de la L10 crea "ciudadanos de primera y de segunda"
La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, cree que el acuerdo entre Barcelona y la Generalitat por la línea[…]
La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, cree que el acuerdo entre Barcelona y la Generalitat por la línea 10 del Metro crea "ciudadanos de primera y de segunda" en la metrópolis barcelonesa, y por ello ha pedido una reunión urgente al Govern.
Barcelona pondrá en marcha las primeras dos estaciones de la línea de metro L10 Sur, denominadas Foneria y Foc Cisell y situadas en el Paseo de la Zona Franca de Barcelona, a principios de 2018, lo que contribuirá a conectar en metro los barrios de La Marina del Port y del Prat Vermell con el resto de la ciudad.
El acuerdo, anunciado hoy por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y por el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, implica que el consistorio barcelonés adquirirá patrimonio de la Generalitat por valor de 40 millones de euros y que el Govern destinará estos fondos a poner en marcha estas dos estaciones de la L10 Sur.
En un comunicado, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat ha rechazado el "trato diferenciado" que se dará a las estaciones de la capital catalana y las hospitalenses en virtud de este convenio.
"L'Hospitalet no puede asumir la inversión de las dos estaciones en la ciudad cuando la competencia y la responsabilidad corresponde a la Generalitat. Insistimos en que la finalización y puesta en marcha de la L10 debe suponer la apertura integral de toda la línea, incluidas las estaciones de Provençana e Ildefons Cerdà. Esta es la única opción que L'Hospitalet aceptará", ha avisado Marín.
La alcaldesa ha defendido el carácter metropolitano de la nueva línea y ha declarado que "la L10 va mas allá de un municipio, es una línea que dará servicio a la Gran Barcelona".
La L10 del Metro es uno de los temas que están sobre la mesa de la comisión mixta entre el ayuntamiento hospitalense y el gobierno catalán.
En la pasada reunión del mes de noviembre, se acordó convocar una nueva comisión específica en la que también participarán la empresa constructora y el Departamento de Economía, como responsable de las finanzas autonómicas, para intentar buscar una solución a la actual situación.
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