Las concesiones del transporte de viajeros sirven de examen de la nueva Ley

Las concesiones de las líneas de transporte de viajeros por carretera que se llevarán a cabo en 2019 supondrá el primer examen para la nueva Ley de Transporte que previsiblemente aprobarán esta tarde las Cortes de Castilla y León.

Lo ha aventurado hoy el director general de Transportes, Ignacio Santos, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a la clausura de la asamblea general de la Federación Castellanoleonesa de Transporte en Autobús (Fecalbus), que agrupa a catorce asociaciones provinciales.

Después de asegurar que existe "consenso" en torno a la nueva Ley, Ignacio Santos ha anunciado que la nueva normativa servirá para dilucidar sobre las licitaciones "en el horizonte del 2019" de las nuevas concesiones, unas 150 que provienen del año 1947 y que se han ido transmitiendo después de las transferencias a las comunidades autónomas.

La nueva Ley, según el director general, también servirá de base para confeccionar el mapa de ordenación del transporte, en el que se recogerán los servicios y líneas de atención a los viajeros por carretera, en el que se prestará una especial atención al medio rural y al alfoz de las ciudades.

Ha destacado la importancia de que por primera vez una norma con el rango de ley en la comunidad establezca, a requerimiento del Procurador del Común, un catálogo de derechos de los usuarios del transporte público por carretera.

Además ha confiado en que sirva para "apaciguar" las disputas de los taxistas con las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC) y, al mismo tiempo, de asegurar el futuro del "taxi tecnológico".

El presidente de Fecalbus, Gerardo Salgado, ha reconocido que existe "cierto consenso" sobre la nueva Ley de Transporte y ha confiado en que sirva para garantizar la viabilidad de las pequeñas empresas del sector y su competencia con las grandes a la hora de licitar por las concesiones de líneas y servicios.

Ha reconocido que ofrece una seguridad jurídica mayor que la normativa estatal y puede servir de instrumento para combatir lo que ha llamado "competencia no legalizada", en la que ha incluido tanto el usuario de los patinetes eléctricos como la práctica del auto stop.

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