La prohibición de aparcar en carril bus afectará a 750 locales y 500 empleos

La prohibición de aparcar en el carril bus por la noche en València, una medida "totalitaria, unilateral, sin el consenso[…]

La prohibición de aparcar en el carril bus por la noche en València, una medida "totalitaria, unilateral, sin el consenso mínimo y sin alternativas" según los empresarios del sector, tendrá un "impacto negativo" en más de 750 locales de hostelería de la ciudad y supondrá la pérdida de unos 500 empleos.

Así lo ha asegurado el presidente de la Federación de Hostelería de la València (FEHV), Manuel Espinar, quien junto a representantes de asociaciones sectoriales de bares, restaurantes, ocio nocturno, hospedaje y restauración, ha analizado los principales problemas que sufre el sector hotelero en la ciudad.

Espinar ha pedido la "paralización" de la medida que, ha dicho, contaba con la opinión contraria del 90 % de los miembros de la Mesa de Movilidad, y a pesar de ello el Ayuntamiento "la anunció de un día para otro y sin dar una fecha para generar una discusión. Pocas veces hay un consenso tan grande contra una medida tan impopular".

"A día de hoy no se han dignado (en el Ayuntamiento) a mantener una reunión con los sectores para justificar una decisión tan radical", ha dicho Espinar, quien ha criticado la alternativa de poner una tarifa plana en algunos aparcamientos, al considerar que los fines de semana no hay plazas suficientes y supone un coste más para el ciudadano que quiere salir de noche.

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Durante la rueda de prensa también se han pedido "medidas urgentes" contra los apartamentos ilegales, más de 55.000 en la ciudad de València según el presidente de la Asociación de Hospedaje, Vicente Tadeo, quien ha pedido que haya mayor control y capacidad de sanción para aquellos que incumplan la normativa.

Según Tadeo, los apartamentos ilegales, centrados en barrios como Ruzafa, Ciutat Vella, El Cabanyal o El Mercat, suponen una "clara competencia desleal" para los que están reglados y pueden provocar la despoblación de algunas zonas de la ciudad.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Restaurantes, José Palacios, ha exigido la limitación y regulación de eventos gastronómicos en espacios públicos y que se cumpla la normativa higiénico-sanitaria de los mismos y la regulación de los food-trucks.

El presidente de la Asociación de Bares, Juan Carlos Gelabert, ha reclamado agilizar la concesión de los permisos de terrazas, que tardan una media de dos años y pueden afectar a los puestos de trabajo directos e indirectos. y ha denunciado que en 2017 se paga un 74 % más por poner una terraza.

También se ha pedido un "plan urgente" contra el botellón, con programas de concienciación juvenil para generar alternativas a los jóvenes y el refuerzo de patrullas policiales en barrios de gran afluencia, y han criticado que el Plan de ocio presentado hace dos años al Ayuntamiento "siga en un cajón".

En este sentido, Germán Valenzuela, de la Asociación de Pubs, ha dicho que el botellón genera "problemas de seguridad, de ruido y de suciedad", y ha criticado la celebración en La Marina de las paellas universitarias, "un evento privado en un espacio público", ha dicho.

Respecto a los horarios comerciales, Ignacio Vázquez, presidente de la Asociación de restauración organizada, ha señalado que la supresión de apertura los domingos afecta "negativamente" a las franquicias que están en centros comerciales, ya que la actividad de ese día puede suponer un 20 % de las ventas de la semana.

"Las subidas de impuestos, el colapso en la resolución de autorizaciones y licencias, la falta de medidas contundentes contra la oferta ilegal en alojamiento, el botellón, la lamentable imagen de la ciudad en fallas o la eliminación del aparcamiento en el carril bus han acabado por colmar la paciencia del colectivo. Hasta aquí hemos llegado", ha señalado Espinar.

Según el presidente de la FEHV, si no se da una solución a todos estos problemas, "que no dejan crecer y ponen en peligro la supervivencia de miles de locales", el sector de la hostelería, ocio y turismo podría tomar medidas como movilizaciones o "llegar a los tribunales".

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