La Fiscalía investigará posibles irregularidades en el convenio de Chiloeches

La Fiscalía de Cantabria investigará posibles irregularidades en la tramitación de la modificación puntual del Plan General de Santoña para el área del Palacio de Chiloeches tras una denuncia por prevaricación y malversación de caudales públicos interpuesta por Santoñeses.

Según ha información Santoñeses, la fiscalía ha abierto diligencias de investigación por la denuncia presentada por el edil Jesús Gullart, en la que se señala que el acuerdo firmado en 2014 por el Ayuntamiento y los propietarios del edificio, declarado Bien de Interés Cultural, "carece de los motivos, causas y fines de interés público" a los que obliga la Ley del Suelo.

Y añade que resulta "notoriamente lesivo y oneroso" para los intereses del Ayuntamiento, porque "todo son obligaciones y reconocimientos de derechos para los propietarios".

Según detalla Santoñeses, la modificación puntual del planeamiento del entorno suprime equipamientos y gran parte de los jardines públicos, el edificio del antiguo hospital militar pasa a tener uso residencial, el jardín delantero se transforma en un espacio privado y en el resto del área se posibilita la construcción de un edificio de cinco alturas.

Una serie de circunstancias que se suma, según los denunciantes, a que el Ayuntamiento "reconoce, sin contraprestación alguna, que los propietarios tendrán derecho de responsabilidad patrimonial si no se modifica el PGOU en los términos establecidos en este convenio".

Para Santoñeses, el acuerdo constituye un indicio de prevaricación y de malversación de caudales públicos, porque el Ayuntamiento no necesita suscribir convenios con ningún particular para tramitar una modificación del PGOU, sobre todo cuando la administración local "no gana nada".

En su escrito Santoñeses, además, argumenta que el convenio permite derribar parte de un Bien de Interés Cultural y construir en su entorno de protección a la espera de que se resuelva la preceptiva delimitación, que se encuentra actualmente en trámite.

Santoñeses también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía su solicitud a la Consejería de Cultura sobre la actualización de la declaración de monumento del antiguo hospital militar, que data de 1972, a los preceptos de ley actual, "porque fue realizada durante una legislación preconstitucional".

Y es que la agrupación entiende que de materializarse esta actualización, el convenio firmado en 2014 quedaría "sin efecto", ya que "estaría viciado de nulidad".

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