La Diputación destina 766.500 euros al Consell para el transporte deficitario

La Diputació de València destinará 766.500 euros a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para el mantenimiento de líneas de transporte interurbano en las comarcas valencianas, en especial, en casos deficitarios.

Según ha informado la Diputación, el objetivo de este convenio, que aprobará el Consell el 17 de noviembre y que ha presentado hoy el presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, y la consellera de Vivienda, María José Salvador, es garantizar un servicio "necesario para vertebrar el territorio".

El convenio se aplicará a cuarenta líneas para cubrir costes de prestación del servicio, en caso de que este sea deficitario, y el presupuesto lo gestionará la Conselleria de Vertebración del Territorio, puesto que es la que tiene las competencias correspondientes.

En la presentación, Rodríguez ha afirmado que las instituciones "tienen la responsabilidad de garantizar" el transporte público a los ciudadanos, y debido a que muchas líneas no son rentables para las empresas, se debe "invertir en ellas".

El presidente de la Diputación ha remarcado la colaboración con el resto de administraciones "para llegar a ofrecer mejores servicios a un mayor número de personas".

Asimismo, ha recordado que las ayudas se realizan para que las personas que viven alejadas de los núcleos urbanos, "tengan las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos de la provincia y no queden incomunicados".

Por su parte, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador, ha valorado esta "hoja de ruta común" entre la Generalitat y la Diputación, y ha subrayado que ha permitido "mantener las líneas existentes en la provincia e incluso recuperar servicios abandonados", como las líneas Catadau-Alzira, Castelló de Rugat-Gandia o Villanueva de Castelló-Xàtiva, entre otras.

Se trata de unas líneas que, según la consellera, "presentaban problemas de estabilidad, provocados por la falta de planificación del anterior Consell", ya que al inicio de la legislatura, "más del ochenta por ciento estaban caducadas y funcionaban con prórrogas que no se adaptaban a la realidad actual".

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