Junta CyL ve "muy previsible" que sentencia de ITV implique pagar 10 millones

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha asumido hoy que es "muy previsible" que la Junta de Castilla y León tenga que abonar a las concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) unos 10 millones para cumplir sentencias sobre la congelación de tarifas en 2012, 2013 y 2014.

Del Olmo ha comparecido hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para informar, a petición del Grupo Socialista, sobre las consecuencias e impacto económico para la Comunidad de la sentencia del Tribunal Supremo relativa a congelación de tarifas correspondiente a 2012.

La consejera ha explicado que, como consecuencia directa de la sentencia del Supremo, la Junta tendrá que pagar a las concesionarias 1,43 millones de euros, pero un cálculo de la Dirección General de Industria y Competitividad "apunta al pago de unos 7,65 millones respecto a los recursos de esa empresa para los tres ejercicios, y a un total cercano a los 10 millones para todas las empresas concesionarias".

Del Olmo se ha referido también a otra decisión de la Junta de Castilla y León que está pendiente de resolución judicial, la reducción del 20 por ciento de las tarifas de las ITV aplicada en 2015, que la consejera ha vinculado con el "desequilibrio" de los contratos y los "beneficios muy superiores a los establecidos" en los estudios iniciales que fijaron las tarifas originarias.

En este sentido, la consejera ha planteado que las condiciones ventajosas que disfrutan las concesionarias, plasmadas principalmente en que los precios cobrados en Castilla y León han crecido el 203,72 por ciento desde 1991, fueron las que motivaron la decisión de rebajar las tarifas el 20 por ciento.

Esta reducción ha supuesto, en términos económicos y según los datos aportados por la consejera, un "ahorro global" de unos 10 millones de euros anuales para los ciudadanos que pasaron la ITV en 2015, respecto a lo que se abonó en el año anterior.

Del Olmo ha defendido que el motivo de esta reducción fue "la protección de los intereses de los castellanos y leoneses" y, en este mismo sentido, ha anunciado que su departamento trabaja ya en una nueva redacción del sistema de revisión de las tarifas para garantizar la prestación del servicio por el que los ciudadanos "paguen lo justo" y se evite el "efecto frontera que surge con diferencias de precios abultadas".

La representante de la Junta ha recordado que una de las condiciones más ventajosas para las empresas radica en que el contrato concesional tiene una vigencia hasta el 30 de diciembre de 2029, por lo que en este tiempo las empresas tendrán "exclusividad" y no sufrirán "los riesgos propios de una actividad en libre competencia".

El portavoz socialista en esta comisión, José Francisco Martín, ha denunciado que este caso de las ITV es ilustrativo de otras "privatizaciones" acometidas por la Junta de Castilla y León, que "prepara todo el procedimiento para que recaiga en una empresa determinada" y "forzando" las condiciones de la concesión, finalmente tiene que "cerrar los ojos a lo que hace el concesionario".

Martín ha calificado de "chapucera" la manera en que la Junta de Castilla y León rebajó las tarifas de las ITV en 2015, con un componente "electoralista" que finalmente "acaba pagándose por todo los ciudadanos".

En el mismo sentido, el representante de Podemos Ricardo López ha denunciado la "actuación desastrosa" de la Junta de Castilla y León que van a tener que pagar "todos los castellanoleoneses", por lo que se ha preguntado "qué va a pasar ahora" y si alguien "va a asumir responsabilidades políticas" por las consecuencias.

El procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado se ha quejado de que pagan "siempre los mismos", en referencia a los ciudadanos, por lo que ha tachado de "chapuza" la actuación de la Junta de Castilla y León, cuya "diligencia deja mucho que desear" en esta materia.

El portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), ha pedido el fin de las concesiones y la asunción pública de este servicio, porque las empresas han evidenciado que trabajan con dos principios: "las tarifas antisociales" derivadas de su legítima búsqueda de beneficio y el "maltrato sistemático hacia sus trabajadores".

Tras escuchar a los representantes de la oposición, Del Olmo ha defendido que la Junta "nada más" va a desembolsar 10 millones, mientras que confía en que el contencioso sobre la bajada de tarifas de 2015 sea favorable a sus intereses, y que la fórmula de la concesión de este servicio es "la mejor" para las características de dispersión poblacional de Castilla y León.

El representante socialista ha afeado a la consejera que hable del coste de la sentencia como si no fuera a ser sufragada por los ciudadanos, los que conducen y los que no: "¿qué pasa que el dinero lo pone usted?", se ha preguntado antes de pedir a la consejera que retire sus palabras sobre el coste para la Administración.

"Todos sabemos de donde vienen los ingresos", ha replicado finalmente Del Olmo, quien ha acusado a Martín de ser "muy tiquismiquis con la literalidad" y de tener "más caradura política que otros".EFE

orv

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