Junta avanza para elaborar una nueva ley andaluza cien por cien participativa

La Junta ha celebrado en Granada el tercero de los encuentros dedicados a hacer partícipes a los agentes económicos y sociales del diseño del nuevo modelo urbanístico andaluz y ha avanzado con un centenar de participantes para que la nueva ley sea "cien por cien participada".

El director general de Urbanismo de la Junta, Alejandro Márquez, ha inaugurado en Granada unas jornadas enmarcadas en el proceso participativo para elaborar la nueva ley urbanística de Andalucía en las que han participado más de un centenar de representantes de ayuntamientos, empresas, sindicatos y colegios profesionales, entre otros.

Junto a la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Inmaculada Oria, Márquez ha explicado que la Junta pretende hacer partícipes a todos los entes en la elaboración de la nueva ley.

La jornada, la tercera que se celebra en Andalucía, está centrada en conseguir que la futura ley urbanística "sea 100 % participativa" porque "el urbanismo es una cuestión de todos" y una materia en la que debe imperar el interés general de los andaluces, según García.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio suscribió a finales de 2016 con los agentes sociales y entidades como la FAMP un decálogo de medidas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos.

Fruto de ese compromiso, y de un mandato similar del Parlamento de Andalucía, la Junta se dispuso a abordar de manera inmediata la revisión de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El director general de Urbanismo ha afirmado que la Ley tiene que situarte "a la altura de las nuevas demandas de la ciudadanía" y ha considerado que el modelo actual no da adecuadas respuestas a esas nuevas demandas.

"Lo que queremos es revisar el sistema de una manera participada y conjunta, de ahí que hayamos querido llevar el debate a todos las provincias", ha detallado Márquez.

Entre los motivos que llevan a afrontar esta reforma se encuentran la crisis económica, los arduos procedimientos urbanísticos, que se eternizan en el tiempo y revisten una notable complejidad y las numerosas modificaciones sufridas por el actual texto, que aconsejan una actualización del mismo, según la Junta.

Márquez ha abogado por adaptar la ley a cada municipio para que se adapte a realidades diferenciadas ya que no es lo mismo una localidad de 300.000 habitantes que otra de 200.

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