Investigación de Eurocámara pide agencia europea para evitar más dieselgates

La comisión de investigación de la Eurocámara sobre el fraude de las emisiones de los vehículos creada tras el escándalo de Volkswagen acusó hoy de mala gestión a la Comisión Europea (CE) y a varios Estados miembros de la UE y reclamó crear una agencia comunitaria que controle los automóviles.

En su informe final, que no es legalmente vinculante, esa comisión parlamentaria señala que países como España, Francia, Hungría, Italia, Rumanía y Eslovaquia dilataron las negociaciones para implementar un sistema más de control más afinado que podría haber evitado el llamado "dieselgate".

Todavía no se había destapado el fraude del fabricante alemán Volkswagen (VW), que empleaba un "software" ilegal para sortear los controles, pero se sabía que las pruebas de laboratorio no se asemejaban a las condiciones de conducción real.

"Una de las principales y más tristes conclusiones es que el 'dieselgate' se podría haber evitado", declaró en Twitter tras la votación uno de los coautores del informe, el eurodiputado liberal holandés Gerben-Jan Gerbrandy.

La comisión parlamentaria señala que desde 2004-2005 las autoridades europeas y nacionales eran conscientes de que las pruebas que se les practicaban a los automóviles no eran precisas, aunque se imputaban a errores en la medición, por ejemplo, en el óxido de nitrógeno (NOx) emitido por los vehículos.

En 2007 la Comisión Europea recibió el mandato para diseñar controles que se asemejaran más a las condiciones reales de conducción, pero su tramitación fue extremadamente lenta.

Tanto que se espera que esos nuevos ensayos adquieran carácter de ley a lo largo del 2017, una década después de que se iniciara el proceso para endurecer los controles.

Entre tanto, en 2015, estalló el escándalo del "dieselgate" cuando en Estados Unidos se detectó que Volkswagen utilizaba programas informáticos fraudulentos para engañar en las pruebas.

El Ejecutivo comunitario presentó poco después su propuesta para mejorar los controles que, entre otros puntos, dota a la propia Comisión Europea de poderes para sancionar directamente a los fabricantes.

Actualmente son los Estados los que deben sancionar a los constructores que incumplan la normativa y el Ejecutivo comunitario solo puede multar a los países y no directamente a las marcas.

Bruselas ha abierto expediente a siete países -Alemania, España, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República Checa- por su presunta laxitud en los castigos a los fabricantes implantados en sus territorios.

Sin embargo, la comisión parlamentaria no atribuye toda la responsabilidad a los Estados y también acusa de mala gestión al Ejecutivo comunitario, que no fue suficientemente reactivo ante los indicios de que algo fallaba en las mediciones ni empleó todos los medios a su disposición para garantizar la pronta adaptación de los ensayos de homologación.

"Se considera responsables a los Estados miembros y a la Comisión por no dar seguimiento a las pruebas que poseían sobre las discrepancias y al hecho de que las estrategias de control de emisiones en los vehículos se centraban en pasar pruebas de emisiones en lugar de en condiciones reales", dice el informe.

Por último, la investigación parlamentaria pide la creación de una agencia europea para llevar a cabo las pruebas a los vehículos, en lugar de que esa tarea recaiga sobre los organismos de homologación de los Estados miembros, como hasta ahora.

Sin embargo, esa iniciativa que se inspira en el sistema estadounidense tiene pocas posibilidades de prosperar pues la Comisión de Mercado Interior de la Eurocámara rechazó a inicios de este mismo mes crear una organismo de esa naturaleza.

El informe de la investigación parlamentaria, que fue aprobado por 40 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, será debatido en sesión plenaria del Parlamento Europeo (PE) entre los próximos 3 y 6 de abril.

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