Indonesia afronta reforma de aceite de palma bajo la sombra de la corrupción

La industria de aceite de palma indonesia encara este año una reforma general bajo la sombra de la corrupción, que generado pérdidas millonarias para el país, dañado su imagen y provocado el arresto de varios gobernantes de alto perfil.

La falta de transparencia se encuentran entre los principales obstáculos para reformar el sector, criticado por ONG ecologistas como Greenpeace, que vincula a grandes multinacionales con la deforestación de millones de hectáreas, y países de la UE.

La Unión Europea se ha opuesto especialmente al uso como combustible del cultivo, como demostró el miércoles pasado al restringir los agrocombustibles que provienen del aceite de palma, con algunas excepciones, dentro de su Directiva para las Energías Renovables (RED).

El propio vicepresidente de la agencia de anticorrupción (KPK), Laode Muhamad Syarif, en un vídeo publicado por esta entidad, reconoce que hay muchos vacíos legales que fomentan las prácticas ilegales desde en todo el proceso de producción.

Por otra parte, Sulistyanto, un investigador de esta misma agencia, cuenta a EFE que casi el 12 % del total de hectáreas de aceite de palma carecen de permisos, lo que priva al estado de los impuestos derivados de la explotación de estas tierras.

Sulistyanto, que utiliza un solo nombre como muchos indonesios, ha estudiado el Fondo Estatal de Aceite de Palma (BPDPKS), una institución que graba a las exportaciones y a empresas productoras de aceite de palma para promover el sector.

El fondo en teoría tiene varias funciones, como la replantación o la investigación, pero en la práctica el 70 % del presupuesto se destinó en 2018 a incentivos para agrocombustibles que se generan con aceite de palma.

Este opaco esquema beneficia sobre todo a las grandes compañías de aceite de palma, como el principal intermediario del sector Wilmar, a través de la subvención para agrocombustibles.

Por otra parte, el lucrativo negocio de los permisos de explotación maderera suponen otro de los puntos vulnerables de la industria, asociada en los últimos años al arresto de gobernadores provinciales, como los de Borneo Oriental o Riau (isla de Sumatra), y municipales.

El año pasado, 3,4 millones de hectáreas -de un total de 16,6 millones- de plantaciones de palma se encontraban ilegalmente dentro de zonas de bosque, tanto protegido como abierto a la explotación, según la KPK.

El aceite de palma es uno de los motores de la economía rural y la principal exportación de Indonesia, país que produce más de la mitad del aceite de palma mundial, un producto que junto a sus derivados se utiliza en productos de alimentación, limpieza, higiene o como agrocombustible.

Ante los problemas del sector, el presidente Joko Widodo estableció en septiembre una moratoria de tres años para las plantaciones de aceite de palma con el objetivo de incrementar la producción y certificación de los pequeños agricultores, mejorar la sostenibilidad y resolver las disputas territoriales.

El momento elegido para la moratoria buscaba también dar un respiro a los agricultores, sobre todo los más pequeños, y compañías productoras que se enfrentaron en 2018 a una sobreproducción que ha hecho caer los precios globales del aceite.

En diciembre, Joko Widodo anunció la finalización de un "mapa único" sobre el uso de tierras en el archipiélago de más de 17.000 islas que busca resolver los conflictos y disputas territoriales provocados por mapas oficiales que se superponen.

Para el secretario general del la asociación de pequeños agricultores (SPKS), Mansuetus Darto, la moratoria es una oportunidad de agruparse y mejorar el rendimiento de las cosechas para ganar capacidad de negociación frente a las grandes compañías.

"Los pequeños agricultores pueden desarrollar organizaciones como cooperativas, y vender directamente, ya que hay 3 millones de personas que venden sus racimos de fruta a intermediarios", dice a Efe Darto.

La reforma del aceite de palma "puede aliviar la pobreza y reducir las desigualdades en el desarrollo" considera Laode en el vídeo de la KPK, pero advierte del peligro de no tomar medidas.

"Esperamos que el aceite de palma indonesio pertenezca a la gente y no sea monopolizado por ciertas compañías, que tienen la mayoría de su capital invertido fuera del país", afirma.

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