ICV pide que Bruselas incorpore a su dossier del Castor el fallo del TC

El eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, reclamó hoy a la comisaria europea de Competencia, Margarethe Vestager, que tome nota del fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre las indemnizaciones de ESCAL por el caso Castor y lo incorpore a su dossier sobre el proyecto energético.

En una pregunta parlamentaria remitida al Ejecutivo comunitario, Urtasun consideró que la sentencia del TC "aporta elementos jurídicos muy importantes que se debe tener en cuenta para decidir si han existido ayudas de estado ilegales".

En unas conclusiones preliminares, la Comisión Europea ya declaró tras una denuncia presentada por la patronal Cecot, que las ayudas de Estado recibidas por el proyecto fueron legales, pero se presentaron alegaciones y todavía no se ha cerrado formalmente el expediente.

"Creemos que la ayuda del gobierno a ESCAL y ACS en el caso Castor es evidente, el Gobierno ha antepuesto la defensa de los intereses de Florentino Pérez (presidente de ACS) a los intereses del conjunto de la ciudadanía que ha estado pagando la indemnización en su factura", señaló Urtasun.

El eurodiputado de ICV quiso dejar claro en un comunicado que "esta es sólo una de las vías que queremos mantener abiertas para acabar con la indemnización de Castor".

"Seguimos trabajando para que el Banco Europeo de Inversiones asuma sus responsabilidades como avalistas del crédito que hizo posible el proyecto", añadió.

El pasado 22 de diciembre, el TC anuló la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS) del proyecto de almacén de gas de Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.

En su sentencia, estimó parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSOE en el Congreso y acuerda declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tras los pequeños seísmos registrados en la zona.

El TC consideró que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista".