González confía en que los tribunales esclarezcan cualquier actuación "contraria a la legalidad"

El expresidente de BBVA Francisco González ha pedido, tras conocer la imputación al banco por cohecho y corrupción en el 'caso Villarejo', deslindar posibles irregularidades individuales de la actuación de BBVA, que califica de "intachable" y "por encima de lo exigible" en materia de gobierno corporativo.

"Considero muy importante afrontar la investigación abierta con total transparencia, y ayudar a deslindar posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera, de la actuación del banco en su conjunto que, no me cabe duda, ha sido intachable y con un cumplimiento por encima de lo exigible en materia de gobierno corporativo y cumplimiento normativo", señala en una declaración institucional a la que tuvo acceso Europa Press.

Tras calificar a BBVA como "una gran institución", con más de 125.000 "excelentes" profesionales en España y a nivel internacional, millones de clientes, numerosos accionistas y un impacto social "muy relevante", González asegura que desde que se abrió la pieza BBVA, ha estado "máximamente interesado" en colaborar con la Justicia, "con la mayor transparencia y objetividad, al objeto de identificar y esclarecer lo más rápidamente las posibles irregularidades que se hayan podido producir".

"Tengo la mayor confianza en el Grupo BBVA, en sus órganos de gobierno y sus profesionales, y por supuesto, todos confiamos plenamente en que los órganos judiciales esclarecerán cualquier actuación contraria a la legalidad", incide. González deja claro que durante su mandato en el banco, que abarcó desde enero de 2000 a diciembre de 2018, se ha trabajado siempre con el máximo cumplimiento de la legalidad.

"Durante mi presidencia en BBVA, hemos trabajado bajo unos estrictos estándares de conducta y hemos actuado dentro de la más estricta legalidad para defender los intereses del banco, esto es, de sus profesionales, sus accionistas, sus clientes y los intereses generales de la sociedad", explica.

A este respecto, detalla que en mayo de 2018, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al ex comisario José Manuel Villarejo, por parte del banco, impulsó una investigación interna en BBVA para identificar cualquier actuación irregular que se hubiera producido.

Posteriormente esa investigación interna fue ampliada, en enero de 2019, por la actual presidencia, encargándose un informe forensic, realizado por terceros independientes (Garrigues, Uría Menéndez y PwC).

Así, González subraya que el banco ha venido colaborando "desde el primer momento" con la investigación judicial y ha aportado toda la documentación en su poder, incluidos los resultados del "profundo y exhaustivo" estudio Forensic, tal y como ha manifestado públicamente el propio banco.

El juez sospecha que la "cúpula" del BBVA consintió contratar a Villarejo

El juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, sospecha que la "cúpula" del BBVA consintió la contratación del excomisario José Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del "beneficio personal y empresarial" que le reportaban.

Según un fragmento del auto de imputación al BBVA al que ha tenido acceso Efe, el magistrado ve necesario determinar si el banco puso en marcha medidas para evitar el delito, o si, por el contrario, "la ausencia de mecanismos de control" y "la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial" fueron "medios de los que el banco pudo haberse valido para facilitar la contratación" de Villarejo.

Todo ello, dice el juez, presuntamente "consentido por la cúpula del propio banco" por "el beneficio personal y empresarial" que le reportaban esos servicios del excomisario.

Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de corrupción en los negocios, aunque García Castellón investigará el recorrido de este delito para aclarar si el BBVA contribuyó a mantener las relaciones con Villarejo en beneficio propio o si la presunta corrupción de alguno de sus directivos "pudiera considerarse como perjudicial para la sociedad".