Gobierno griego abre nueva licitación para licencias de televisión privada

El Gobierno griego ha abierto una nueva licitación para la concesión de licencias de emisión para las televisiones privadas, un año después de que el Tribunal Supremo Administrativo declarase inconstitucional la subasta anterior.

La nueva licitación, publicada anoche en el Boletín Oficial del Estado, contempla la concesión de un máximo de siete licencias para cadenas de contenido general por un periodo de diez años.

Desde el momento de la publicación, las cadenas aspirantes tendrán 45 días, es decir hasta el 8 de enero, para presentar sus candidaturas y los documentos necesarios.

El precio de salida de cada licencia será de 35 millones de euros y si hay más de siete partes interesadas, se celebrará una subasta.

Más adelante, está prevista una licitación para cadenas de contenido temático, como deportes, música o entretenimiento.

Las cadenas que operan en la actualidad con una licencia provisional y no hayan obtenido un permiso tendrán tres meses para cerrar, a menos que opten por convertirse en canal temático.

Se trata de la segunda licitación que lanza el Gobierno de Alexis Tsipras para regularizar el mercado audiovisual de este país, que lleva casi tres décadas operando irregularmente con licencias provisionales.

En septiembre de 2016 concedió cuatro permisos tras una subasta que duró 70 horas, pero las cadenas presentaron un recurso ante el Supremo Administrativo argumentando que la adjudicación de licencias debería haber sido prerrogativa de un organismo independiente como el Consejo Nacional de Radiotelevisión (CNRT), y no del Gobierno.

Además, consideraron arbitraria la decisión de conceder solo cuatro licencias.

El Gobierno griego argumentó que había limitado a cuatro las licencias porque, ante la crisis y la consiguiente caída de los ingresos publicitarios, el mercado audiovisual nacional no podía garantizar la supervivencia económica de más canales.

Asimismo, justificó haber asumido la organización de la subasta debido al bloqueo por parte de la oposición conservadora al nombramiento de un nuevo CNRT.

A finales de octubre de 2016 el Tribunal Supremo Administrativo declaró inconstitucional la reforma de la ley audiovisual y tumbó con ello todo el procedimiento de la subasta.

Finalmente, en noviembre el Gobierno y el principal partido de la oposición, Nueva Democracia alcanzaron un acuerdo que permitió nombrar a los miembros del CNRT y abrir un nuevo procedimiento para la regularización de las cadenas privadas.

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